Redacción. Tras el escándalo relacionado con el presunto desvío de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), diversos sectores del país han cuestionado la aparente pasividad de las autoridades encargadas de investigar el caso. En este contexto, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, se pronunció este miércoles exigiendo acciones concretas por parte del Ministerio Público.
Según Maldonado, las autoridades debieron actuar con mayor firmeza desde que se conocieron las primeras denuncias y, en particular, haber incautado toda la documentación que pudiera estar en poder de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar, una de las figuras principales en el caso.
«El Ministerio Público tuvo que ir al Congreso Nacional a secuestrar cualquier tipo de documentación que tuviese en su poder la diputada Cuellar», declaró el defensor de derechos humanos, subrayando la necesidad de realizar una investigación exhaustiva y transparente.
El titular del Codeh también lamentó que si los fondos desviados habrían tenido como destino final a comunidades necesitadas, particularmente en el departamento de Copán. «De ahí poder ver en qué otras instituciones del Estado posiblemente haya requeridos estos recursos y que no han llegado a las personas solicitantes, a las colonias, a los barrios, caseríos del departamento de Copán», explicó.
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Maldonado advirtió que este caso no debe centrarse exclusivamente en la figura de Cuellar. Según él, podrían estar involucrados más legisladores.
«Pero no solo es Isis Cuellar, puede haber otros diputados, como ella lo manifestó, que hay alrededor de 70 legisladores del Congreso Nacional», indicó, haciendo referencia a declaraciones previas de la propia diputada.
Destino
Además, cuestionó el uso de los fondos asignados a distintos departamentos del país, y remarcó la urgencia de avanzar en la lucha contra la impunidad. «¿Qué hacen con el dinero del departamento, de cualquier otro departamento? Honduras tiene que ir dando mejores pasos en esta lucha frontal contra la impunidad. El país no puede seguir en una situación de esta naturaleza», aseveró.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se judicialicen de inmediato los casos derivados de esta investigación. «Instamos al Ministerio Público que ese requerimiento fiscal ya debería estar en los tribunales de la República para todos los que participaron en este caso», concluyó.
El escándalo estalló tras la difusión de un video en el que aparecen el exministro de Sedesol y la diputada Cuéllar. En el material audiovisual ambos discutiendo sobre el presunto desvío de fondos destinados a estructuras políticas.
Este caso encendió las alarmas en todo el país y ha reavivado el debate sobre la eficacia de las instituciones investigadoras frente a la corrupción institucional. La ciudadanía y diversas organizaciones civiles exigen respuestas claras y sanciones ejemplares para los responsables.
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