TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) comunicó que ha interpuesto un recurso de apelación contra la orden de sobreseimiento definitivo para los exmiembros del Consejo de la Judicatura, que decretó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La decisión de otorgar el sobreseimiento definitivo fue del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que tomó como base un informe de auditoría elaborado por el TSC.
El informe exonera de responsabilidad administrativa, civil y penal a Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euceda, Julio César Barahona Henríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado Sierra y Celino Arístides Aguilera.
Una falta grave a la sociedad
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el MP asegura que esa orden penal provoca un agravio para la sociedad.
«El Ministerio Público una vez analizada tal resolución, considera que se ha causado un agravio a la sociedad», informa el escrito.
Por tal razón, el MP recalcó un análisis de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que establece que el TSC no puede acreditar responsabilidad penal, su trabajo es encontrar señales o indicios de responsabilidad penal.
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Caso del Consejo de la Judicatura
Este caso se trabajó con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). En la investigación se descubrieron 600 delitos de corrupción.
Respecto al expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, se le acusó por 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos. Mientras que a Teodoro Bonilla, se le acusó de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
En el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos. También, se implica a José Francisco Quiroz Mejía a quien le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
A Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos. Asimismo, a Celino Arístides Aguilera se le acusó de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
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