TEGUCIGALPA, HONDURAS. El actual fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP), Daniel Arturo Sibrían, reaccionó a las últimas declaraciones vertidas por el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, asegurando que se debe considerar aplicarle la Ley de Juicio Político.
A través de un comunicado, el MP asegura que el funcionario alegó una supuesta «falta absoluta» de autoridad dentro del ente acusador del Estado. En consecuencia, afirman que la información es «falaz y devela una intención de desconocer el imperio de la Constitución, la Ley, la fuerza vinculante y efectos generales de los fallos de la justicia Constitucional».
En ese sentido, el MP subraya en uno de sus enunciados que las aseveraciones de Redondo atentan contra la Constitución de la República y la Ley. Es por ello, que considera que se le puede aplicar la Ley del Juicio Político en sus artículos 3,5,6 y 10.
En este contexto, el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, manifestó ante los medios de comunicación que un juicio político a Redondo «sí procede».
Por otro lado, el MP enfatiza que el artículo 184 de la Constitución de la República y el 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que es competencia originaria y exclusiva de la Sala de lo Constitucional declarar la inconstitucionalidad de una ley.
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Funciones de los altos funcionarios
En el tercer enunciado, recuerdan que el artículo 80 de la Ley Orgánica del CN ordena a los altos funcionarios a mantenerse en sus funciones.
Es decir, que estos funcionarios, tienen que estar en sus cargos, mientras no se nombre a un sustituto al momento que se venza su periodo. En este caso, los debe elegir el Congreso Nacional, en compatibilidad con la Constitución de la República.
Además, el ente acusador del Estado establece que desde el 1 de septiembre del 2023, hasta la fecha, la fiscalía general adjunta, que dirige Daniel Sibrían, se ha mantenido desempeñando el mandato legal, sin dejar la titularidad institucional.
«Adoptando las decisiones y medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución y la Ley. Observando en sus actuaciones la Constitución de la República, tratados internacionales, leyes y demás disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico hondureño, así como también los fallos emanados de la honorable Corte Suprema de Justicia», subraya el MP.
Por último, vuelven a llamar al pleno del Congreso Nacional a que busque los consensos, para permitir la elección y nombramiento de los nuevos fiscal general y adjunto. Esto, en marco de la ley y con los 86 votos que establece la Constitución de la República.
