Redacción. El Ministerio Público (MP) presentó requerimiento fiscal este lunes contra varios implicados en el accidentado traslado del material electoral para las Elecciones Primarias del pasado 9 de marzo.
A través de una conferencia de prensa, Johel Zelaya, fiscal general del MP, detalló que los requeridos son empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) encargados del transporte y el representante de la empresa a la que se adjudicó el millonario contrato.
Según la acusación, esta contratación fraudulenta defraudó al Estado hondureño por L64,789,021.78, y puso en riesgo el proceso democrático.
Requeridos
Los acusados son: Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del CNE; Raúl Amilcar Rivera, Denis Emilio Hércules, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana, todos miembros de la Comisión Evaluadora para la Contratación de Transporte de Material y Equipo Electoral.
A estos empleados del ente electoral se los supone responsables de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Además, se les acusa por fraude a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V.
Zelaya comunicó que dos de los requerimientos ya están ejecutados. Sin embargo, se limitó a revelar los nombres de los detenidos.
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Investigación
Las investigaciones revelan que el excoordinador del Proyecto Transporte y la Comisión Evaluadora del CNE incumplió sus obligaciones al recomendar la contratación de una empresa sin flota vehicular registrada, idoneidad ni capacidad técnica para el transporte seguro del material electoral.
“Esta empresa debió tener 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies, 82 camiones livianos de 12 pies y solo contaba con 10 cabezales y dos camiones”, explicó el fiscal.
Agregó que Joel Ramos García presentó un estudio donde manifestó que se necesitaban 43 millones de lempiras para el proyecto. Sin embargo, cuando la empresa presenta la oferta, se excedió en más de 21 millones el presupuesto asignado para la tarea. El contrato se firmó el 7 de marzo de 2025, dos días antes de las elecciones.
Comisión omitió errores
La Comisión Evaluadora, pese a los incumplimientos establecidos en los pliegos de condiciones, no declaró fracasado el proceso ni aplicó las sanciones correspondientes, evidenciando posibles acciones fraudulentas entre los funcionarios y el contratista.
El Ministerio Público constató que el uso de buses para el traslado de material electoral no estaba contemplado en los pliegos de condiciones. Por tanto, nunca se debió utilizar vehículos de transporte de pasajeros.
En el informe de la Comisión Evaluadora, en el apartado de verificación técnica, los acusados aseguraron que se había realizado la inspección física y mecánica de los vehículos solicitados, mencionó el fiscal.
Asimismo, aseguraron que la empresa contratada tenía disponibilidad inmediata de los camiones pesados y livianos. No obstante, de acuerdo con los registros de la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP), la empresa solo disponía de diez cabezales y dos camiones, entre otros.
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Padrinos políticos
Zelaya advirtió que las investigaciones no han terminado, instando a los funcionarios a no buscar formas para hacer corrupción en el CNE.
“Tenemos la certeza de que hay un delito electoral. Le hago un llamado a todos los funcionarios, indistintamente la manera en que hayan sido electos: no le hagan caso a sus padrinos políticos, no hay fuerza que vaya a parar las investigaciones”, concluyó.
Se espera que en las próximas horas se ejecuten todas las órdenes de captura por este nuevo caso de corrupción contra el Estado.
