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domingo, marzo 9, 2025

MP investiga supuesto intento de fraude tras obtener audio de Fabiola Abudoj

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Redacción. El Ministerio Público informó este viernes que inició investigaciones respecto al supuesto audio viral donde supuestamente Fabiola Abudoj, dirigente del movimiento Juntos por el Cambio, planea un fraude electoral contra Salvador Nasralla.

Yuri Mora, portavoz del ente de justicia, aseguró que el MP ya tiene el audio en posesión para verificar su veracidad y se comprometió a investigar cualquier otro intento de entorpecer el proceso electoral primario de este domingo.

“Habrá que ver la veracidad de esos videos. Sin embargo, tal como establece uno de nuestros recientes comunicados, el Ministerio Público procederá legalmente contra cualquier miembro de Junta Receptora de Votos (JRV) que intente manipular la voluntad popular bajo cualquier método o que incumpla con el uso de las herramientas tecnológicas como el sistema biométrico”, citó.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.

Agregó que se instruyó a los elementos de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) y a equipos fiscales a estar alertas ante cualquier irregularidad.

“El sonado audio ya está en poder de los fiscales. Dejemos que ellos trabajen y avancen en las investigaciones para que ellos determinen si el audio es real o no”, externó.

Lea también: Fabiola Abudoj responde al audio filtrado sobre Nasralla

¿Qué dice el Código Penal?

El Código Penal de Honduras establece en los artículos 42 al 47 que ciertos delitos electorales pueden ser castigados con penas de hasta 10 años de prisión.

Entre estos ilícitos se incluyen la coacción y amenaza para influir en el voto, la falsificación de documentos electorales y la suplantación de identidad hondureña para ejercer el sufragio. Además, si en estos delitos están involucrados extranjeros, la ley ordena su expulsión del país.

Aquellos que cometan delitos electorales puede enfrentar hasta 10 años de cárcel.

En particular, el artículo 542 señala que la coacción y amenaza electoral se sanciona con penas de cuatro a seis años de prisión.

Este delito se configura cuando una persona, sin tener autorización legítima, impide a otra ejercer sus derechos mediante intimidación o cualquier otro medio, afectando así la transparencia del proceso electoral. También se imponen sanciones por la destrucción de propaganda electoral para preservar la legitimidad de las elecciones en Honduras.

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