CORTÉS, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) informó que se está llevando a cabo una investigación sobre el supuesto desvío de más de siete millones de lempiras del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Estos fondos servirían como indemnización para familiares de privados de libertad, que perdieron la vida en un incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en el año 2004.
La acción se ejecuta por parte de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Los fiscales y agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de Administración Pública y Patrimonial de la ATIC están investigando a la interventora de ese momento, quien responde al nombre de Karla Patricia Pavón Bustillo.
Según indagaciones, hubo un cobro de 49 cheques por un monto de 7 millones 140 mil 529 lempiras con dos centavos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Honduras por el incendio del penal sampedrano. Este hecho ocurrió el 17 de mayo de 2004 donde perdieron la vida 107 reos.
Por ese motivo, indicó la fiscalía en un comunicado, se obligó al Estado a pagar trescientos diecisiete mil lempiras a cada familiar. Sin embargo, la interventora investigada, mediante una carta poder, cobró esos 49 cheques ante el Banco Central de Honduras (BCH).
El MP investigó que en otras ocasiones el INP se había negado al ingreso del personal fiscal e investigativo a las instalaciones.
Antecedente
El 17 de mayo 107 reos murieron, 27 resultaron heridos y 54 pudieron escapar a tiempo. El incendio fue causado por un cortocircuito, según informó un portavoz policial en aquel entonces. Varios supervivientes acusaron a los guardias de haber impedido la salida de los presos de las celdas una vez declarado el incendio.
Los heridos fueron hospitalizados con quemaduras de segundo grado en su mayoría, según fuentes hospitalarias.
«La explosión se produjo encima de mi cama. El primer fuego comenzó a la una y media y la policía llegó a las tres y media para abrir las celdas, a pesar de que gritábamos ayuda, ayuda«, relató Antonio Hernández, uno de los reos sobrevivientes.
Otro preso lanzó acusaciones similares: «Las autoridades tuvieron la posibilidad de ir hasta nuestras celdas y abrir las puertas, pero en lugar de eso nos empujaron hacia adentro para impedirnos salir», afirmó Pablo Cardona.
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