Redacción. El Instituto de la Propiedad (IP) mediante un comunicado detalló que el Ministerio Público (MP) ejecutó un operativo de secuestro de documentos en sus oficinas, como parte de una investigación abierta.
Según el Ministerio Público, este operativo se realiza por presuntos actos de corrupción en la administración del fideicomiso SITEC-IP, el cual estuvo previamente bajo la gestión de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).
El IP dio a conocer, que «el operativo responde a una solicitud de nueva documentación realizada por los fiscales, con el objetivo de ampliar una línea de investigación iniciada tras la entrega de un informe por parte de la Comisión Interventora».
Asimismo, este informe evidenció supuestas irregularidades cometidas entre los años 2022 y 2024. Durante este periodo, se ejecutaron múltiples convenios y contratos dentro del marco del fideicomiso, ahora extinto.
Le puede interesar: Presidenta Castro anuncia intervención del Instituto de la Propiedad
Entre los principales hallazgos que dieron pie al proceso investigativo destacan:
- Contratación irregular de ONG y fundaciones mediante convenios que fueron modificados fuera del periodo legal de vigencia del fideicomiso.
- Modificaciones a contratos llave en mano, sin justificación técnica o legal, alterando el objeto final del contrato y a sus beneficiarios.
- Firma de contratos posterior a la derogación legal del fideicomiso, ocurrida el 27 de mayo de 2022 mediante el Decreto Legislativo No. 66-2022, publicado en La Gaceta el 15 de junio del mismo año.
- Simulación de procesos de contratación de personal, incluyendo consultorías sin entrega de productos y sin respaldo presupuestario.
- Proyectos de vivienda social inconclusos, financiados con fondos públicos y destinados a damnificados por los huracanes ETA y IOTA.
- Desembolsos millonarios a fundaciones disfrazados de estudios o cursos, utilizando como justificación proyectos habitacionales que nunca fueron concluidos.
- Compromisos financieros sin respaldo documental, generando actualmente demandas por parte de contratistas a los que se les entregaron cheques sin que haya constancia de ejecución de obras.
La Comisión Interventora del IP, instalada para depurar la institución y promover la transparencia, fue la responsable de entregar al Ministerio Público la documentación que ha permitido avanzar en el caso.
“El Instituto de la Propiedad reitera que no puede honrar compromisos económicos que carezcan de respaldo legal y documental”, indicó el organismo en su comunicado.
Asimismo, reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades para deducir responsabilidades y garantizar una gestión pública transparente.
Este nuevo caso se suma a una serie de investigaciones que reflejan el uso inadecuado de fondos públicos en fideicomisos durante administraciones anteriores. Además, pone en evidencia los desafíos que enfrenta Honduras en el combate a la corrupción estructural.
