Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) ha registrado un total de 15,189 denuncias por violencia contra mujeres durante los primeros seis meses de 2024, según informó la portavoz de la institución, Julissa Gómez.
Entre enero y junio de este año, la Unidad de Planificación Estratégica del MP ha recibido estas denuncias, abarcando una variedad de delitos cometidos contra mujeres.
Julissa Gómez detalló que todas las denuncias a nivel nacional las gestiona el MP, que se encarga de procesar y coordinar las investigaciones correspondientes. La mayoría de estos casos ya han derivado en la presentación de los requerimientos fiscales y algunos agresores están siendo sometidos a procesos judiciales.
Vea también: Violencia doméstica en hombres, un problema silencioso en Honduras
Delitos recurrentes
El delito más reportado es la violencia doméstica, con 2,979 denuncias registradas en estos seis meses. Muchas de estas denuncias las recibe primero la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) debido a su proximidad con la comunidad. Luego, las remiten al Ministerio Público para su investigación por la Fiscalía de Protección a la Mujer.
Otro delito significativo es el maltrato familiar, que ocupa el segundo lugar con 2,764 denuncias en el mismo período. Este delito incluye actos de violencia física, psicológica y emocional dentro del entorno familiar, resaltando la necesidad urgente de protección y medidas preventivas para las víctimas.
Además de eso, se han registrado 760 denuncias por violación. Suman todos los delitos sexuales en perjuicio de mujeres, que incluyen otras formas de agresión sexual y explotación sexual, el total asciende a 1,210 denuncias.
Julissa Gómez recordó la importancia de seguir fortaleciendo las unidades de atención y protección a las víctimas de violencia de género. Destacó el compromiso del Ministerio Público en mejorar los mecanismos de denuncia y respuesta, asegurando que las mujeres afectadas puedan acceder a la justicia de manera eficiente y efectiva.
Por último, resaltó la necesidad de una colaboración estrecha entre las autoridades policiales y judiciales para garantizar una respuesta integral.