Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) manifestó su descontento ante el fallo emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que dejó sin valor y efecto el proceso penal contra Tesla Danessa Ortega Valle, una de las principales sucesoras del cartel de los extraditados hermanos Valle Valle y vinculada en el caso denominado Operación Redada.
Mediante la aplicación retroactiva de la ley, tras resolverse «con lugar» el recurso de amparo promovido por la defensa de Ortega Valle, a esta se le favoreció con un sobreseimiento definitivo y con la devolución de bienes incautados.
Ante ello, el MP señaló que tal decisión «transgrede la ley y crea una condición adversa en la lucha contra la criminalidad organizada», ya que, en el juicio oral y público, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) aportó prueba útil para que se le dictara una sentencia condenatoria
En tal sentido, el Poder Judicial nuevamente fundamentó una sentencia de amparo sobre la cual ya no cabe recurso alguno, en el ya derogado decreto legislativo 93-2021 relativo a la figura de lavado de activos, lo que demuestra que el hecho de haber estado vigente casi dos años, continúa influyendo en resoluciones judiciales en beneficio de acusados en casos de alto impacto, según el MP.
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Caso Redada
El caso Redada data de fecha 22 de octubre del año 2015, cuando se recibió denuncia anónima en la que se manifestó que el ciudadano identificado con el nombre de René López, quien era un agente inmobiliario y se dedicaba también a la compra, venta y cambio de automóviles, tenía relación con la organización de los hermanos Valle Valle (actualmente en prisión en Estados Unidos).
Posteriormente, en fecha 11 de febrero del año 2016 se recibió denuncia en la cual se establece que los señores Jorge Danilo Rosales García, René Isaac López Maury y Darwin Orlando Ramos Díaz se dedican a realizar actividades de tráfico ilícito de drogas, la que trasladan desde Honduras a Guatemala. Esto utilizando para ello puntos ciegos entre los dos países.
Además, que producto de las ganancias que les genera esta actividad han adquirido bienes muebles e inmuebles. Entre estos un autolote de nombre “NEKO”, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Copán.
Una tercera denuncia se recibió en fecha 2 de junio del año 2016 en la Oficina Regional de la DLCN en San Pedro Sula. Esta se refería a las actividades de lavado de activos realizadas por los denunciados.
Investigaciones
Es así que las investigaciones de DLCN y FESCCO derivaron en la ejecución de la Operación Redada. Por lo tanto, el 13 de noviembre de 2017 se llevaron a cabo las respectivas capturas y 19 aseguramientos de bienes a viviendas, ubicadas en los municipios de Santa Rosa de Copán, Florida y El Paraíso, departamento de Copán. La misma acción se realizó en Quimistán y San Marcos, departamento de Santa Bárbara.
Luego, el 22 de enero de 2020, el MP amplió el caso con la puesta en marcha de la Operación Redada II. Esta inició con la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 22 bienes muebles e inmuebles más, que no tenían justificación legal ni económica de su origen.
El monto de lavado entre todos los enjuiciados sobrepasa los 119 millones de lempiras (L119,354,988.73).
