Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP), a través de su cuenta de Twitter anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esta determinación del MP va en contra de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República. Cabe recordar que dichas reformas fueron aprobadas el pasado 18 de enero por el anterior Congreso Nacional (CN).
En ese sentido, el Ministerio Público posteó el siguiente mensaje: “MP presentará Acción de Inconstitucionalidad contra el decreto contentivo de Reforma a Ley Orgánica del Presupuesto”.
La semana pasada, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) denunció que dicha reforma afecta la competencia del Ministerio Público.
De acuerdo con la MACCIH, la norma aprobada evita que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) del MP, investigue funcionarios que se han apropiado de dinero público.
La Misión de Apoyo la bautizó como “Pacto de la Impunidad”. Es oportuno recordar que la votación para estas reformas se valió de 83 votos a favor y 13 abstenciones. Además de cero en contra, 27 no votaron y 5 no asistieron.
La clave de la supuesta impunidad señalada en esta reforma se encuentra en la última parte del artículo 131. En este articulado se determina que la acción penal contra los sospechosos solo procede así:
… “Hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga carácter de firme y ejecutada, no procede ninguna acción judicial”, cita la reforma.
Cabe señalar que lo anunciado y aprobado en esa última legislatura no coincide con lo publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
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CN y MACCIH enfrentados por reforma a Ley del Presupuesto
El CN y la MACCIH están enfrentados por una reforma a la Ley del Presupuesto General de la República. De acuerdo a la Maccih la reforma impide al MP investigar el manejo de los subsidios entregados a los diputados.
La reforma, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), investigar el destino de los fondos para diputados y organizaciones no gubernamentales entregados por el Poder Legislativo.
La investigación alcanzará los períodos del 2006 al 2018, concediéndole además tres años para emitir dictamen. También limita la intervención del MP, mientras las investigaciones del ente contralor no hayan concluido.
Esta acción, según el portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, impide que sean investigados otros diputados. Así como los cinco que fueron enjuiciados el mes pasado y cuyo caso fue archivado. De la misma forma, trasladado al TSC para que continúen las acciones administrativas.
