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miércoles, junio 25, 2025

MP allana terreno en Río Hondo y encuentra electrodomésticos del IP

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Redacción. El Ministerio Público informó este miércoles sobre el allanamiento de un predio ubicado en la aldea Río Hondo, salida a Olancho, como parte de una investigación relacionada con el manejo de fondos públicos en el Instituto de la Propiedad (IP) en 2022.

Durante la intervención, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) encontraron una serie de electrodomésticos adquiridos con recursos del fideicomiso CITEC, ejecutado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).

Los artículos estaban adquiridos con recursos del fideicomiso CITEC.

Entre los artículos decomisados figuran estufas, chimberos, hornos, freidoras y otros enseres de cocina, todos abandonados en el lugar sin uso ni resguardo adecuado.

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De acuerdo con el comunicado oficial, parte de estos bienes fueron entregados por la fundación “Ayudando con Amor”, con listas de beneficiarios supuestamente facilitadas por exfuncionarios del IP. Pero la mayoría de los artículos permanecen sin distribuir y en estado de abandono.

Los electrodomésticos siguen abandonados, reflejo del descuido institucional y de la deuda con las comunidades que debieron beneficiarse.

Investigación en curso

La operación forma parte de una investigación más amplia sobre posibles actos de corrupción y malversación de fondos relacionados con programas sociales financiados por el fideicomiso CITEC, que buscaba fortalecer comunidades con bienes y proyectos productivos.

El hallazgo de los enseres en desuso pone en evidencia presuntas irregularidades en la administración y distribución de recursos públicos.

Por ello, el Ministerio Público continuará con las diligencias investigativas, incluyendo citaciones a funcionarios y revisión de documentación vinculada a la UCP y al Instituto de la Propiedad.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones para esclarecer cómo se gestionaron estos fondos.

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Este nuevo caso se suma a una serie de investigaciones que buscan esclarecer el destino de fondos públicos usados en programas sociales de la pasada administración. También de determinar responsabilidades penales por el uso indebido de bienes estatales.

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