Redacción. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), emitió este miércoles un requerimiento fiscal en contra de 40 personas que trabajaron en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) y que causaron un desvío millonario de fondos de las arcas estatales.
De acuerdo con la información oficial, estas personas forman parte de una estructura que operó en la institución entre 2012 y 2014, y, asimismo, desviaron dinero que estaba destinado a capacitar en oficios y carreras técnicas a jóvenes y mujeres en condición de extrema pobreza.
Entre los acusados por la fiscalía figuran:
- Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo del PRAF.
- Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil.
- Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer.
Junto a ellos también se encuentran 37 personas, entre ellas exempleados del PRAF, representantes de empresas y ONG. Los delitos que se les imputan son falsificación de documentos públicos y violación a los deberes de los funcionarios.
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Investigaciones de FETCCOP
Las investigaciones de la FETCCOP establecen que estas personas se habrían confabulado para defraudar al Estado de Honduras por un monto de 96 millones 976 mil 218 lempiras con 21 centavos.
Desviaron este dinero por medio de 596 contratos provenientes de los programas del PRAF denominados: Bono Juvenil y Programa DiMujer, ambos diseñados para la capacitación de jóvenes y mujeres en pobreza extrema.
El MP informó además que el esquema de corrupción incluyó la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG que no tenían la capacidad técnica, utilizando así la figura de «empresas de relleno» y fragmentando contrataciones para evadir el proceso de licitación.
En consecuencia, la fiscalía hondureña concluyó que hubo colusión entre los ahora imputados, quienes justificaron con informes falsos capacitaciones que nunca se realizaron.
Mientras tanto, las pocas formaciones que se efectuaron se llevaron a cabo en condiciones deficientes. Inclusive fabricaron expedientes para que se ejecutara el pago total de los contratos.
Según el MP, las 40 personas no únicamente causaron el desfalco millonario a las arcas del Estado, también perjudicaron a miles de jóvenes y mujeres hondureñas al privarlas de la oportunidad de formarse con capacidades técnicas y así emprender su propio negocio.
