TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este viernes, el Ministerio Público (MP), mediante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra 19 personas implicadas en el desvío de más de L160 millones de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA).
Cabe indicar que la FETCCOP trabajó en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Por lo tanto, se indicó que este dinero se destinó para un irregular aumento en los sueldos de varios funcionarios.
En virtud de lo anterior, los funcionarios implicados figuran:
- Marlon Oniel Escoto Valerio (exrector)
- Oscar Ovideo Redondo (exsecretario general, luego exrector)
- Francisco Javier Medina Cabrera
- José Antonio Ramírez Alvarado
- José Andrés Paz Díaz
- Kenny Sirey Nájera Aparicio
- Emilio Javier Fuentes Zúniga
- Raúl Isaías Muñoz Hernández
- Mirian Anabel Alvarado Muñoz
- Juan Alberto Chavarria
- Romeo Uclides Guevara
- Víctor Javier Gonzáles Santos
- Hilsy Lourdes Sanabria Ortega
- Carlos Manuel Ulloa Ulloa
- José Bayardo Alemán Mejía
- Roy Donaldo Menjívar Barahona
- José Luis Castillo Lanza
- Jhonny Leonel Barahona
- Ana Mireya Suazo
Asimismo, es oportuno de mencionar que todos los individuos antes mencionados fueron miembros del Consejo Directivo entre los períodos 2010-2013 y 2013-2016. Ahora deberán comparecer ante los Juzgados del Circuito Anticorrupción.
Se debe mencionar que la cifra exacta del millonario desvío de recursos fue de L. 164,266,334.19, usados para incrementos salariales. Además, de pagos arancelarios repartidos a 82 miembros directivos y del claustro de maestros.
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Hubo manipulación de informes, según MP
Asimismo, tanto las investigaciones de la FETCCOP y ATIC, evidenciaron una manipulación de informes técnicos. Esto, a través de la contratación de una consultoría externa, misma que dio paso a las ilicitudes cometidas.
De manera similar, destacaron que mediante una supuesta demanda al Estado, bajo la modalidad de reclamo administrativo, se dio una autoconciliación. Como resultado, los demandantes al ser parte del Consejo Directivo hicieron efectivo el pago de remuneraciones y sueldos caídos desde el año 2009 hasta el 31 de mayo de 2011.
