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viernes, agosto 1, 2025

Movimiento por la Democracia presenta denuncia contra el fiscal Johel Zelaya

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Redacción. El Movimiento Unidos por la Democracia interpuso este jueves una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, por presuntas irregularidades que estarían afectando la organización del proceso electoral previsto para el 30 de noviembre.

El abogado Leonel Núñez, quien representa al movimiento, señaló que “desde el 9 de marzo el fiscal general no actuó de manera inmediata” frente a responsabilidades claves del calendario electoral.

Como ejemplo, citó el 7 de julio, una fecha que calificó como clave. “Ese día estaba obligado a dar asistencia para evitar que el calendario se llevara de manera anormal”, reclamó.

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Leonel Núñez, representante de Unidos por la Democracia.

El movimiento acusa a Zelaya de actuar de forma selectiva con las denuncias que recibe. Núñez denunció: “Atiende una denuncia del consejero Marlon Ochoa, que ni siquiera asiste a las sesiones del pleno del CNE, pero no da trámite a las otras”.

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Amenazas

Además, criticó que el funcionario esté utilizando amenazas como mecanismo de presión. “Hoy amenaza a los consejeros diciendo que si no se presentan les va a hacer requerimiento fiscal. ¿A quién está amenazando? A la población hondureña y al Estado de derecho”, declaró ante los medios.

Núñez también alertó sobre acciones que, a su criterio, representan una obstrucción directa al proceso electoral. “Está secuestrando documentación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que exista un indicio de delito”, sostuvo.

CNE MP
Diferentes sectores consideran que la intervención del MP no abona al proceso electoral.

El Movimiento Unidos por la Democracia pidió al Ministerio Público que investigue de forma colegiada la conducta del fiscal general, y que, de encontrarse indicios de delitos electorales o incluso de traición a la patria, se proceda con el antejuicio correspondiente.

“Estamos aquí para defender la transparencia del proceso y la seguridad jurídica de los consejeros y actores políticos”, concluyó Núñez.

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