Tegucigalpa, Honduras. La Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras) arribó al país para ser parte de la etapa final del proceso de elección del nuevo fiscal general y su adjunto del Ministerio Público.
Los miembros de esta misión estarán encargados de hacer un acompañamiento técnico al proceso. Asímismo, darán recomendaciones durante el desarrollo de la selección.
En este sentido, la misión convocará a un conversatorio este jueves 3 de agosto. Esto, para realizar junto a la sociedad civil, un balance del trabajo de la Junta Proponente e identificar los desafíos de la etapa final del proceso.
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Perfil de los candidatos a fiscal
Jenny Almendárez Flores
Jenny Almendárez, de 25 años de edad, es la abogada que obtuvo la puntuación más alta en el proceso; con 95.55% fue la primera en la nómina. Ella es hija del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Juan Almendárez Bonilla.
Cuenta con una especialidad en Derecho Mercantil y máster en Derecho Penal Procesal Penal. De 1994 a 2015 ocupó el cargo de fiscal del Ministerio Público, pero actualmente se dedicaba a realizar consultorías de forma independiente.
Tras conocer que es parte de la lista final, Almendárez dijo que en caso de quedar en la fiscalía tiene «un compromiso con el pueblo» y que defenderá sus derechos y perseguirá la corrupción, crimen organizado y trata de personas.
Mario Alexis Morazán Aguilera
El segundo en la nómina es el togado Mario Alexis Morazán, quien obtuvo una calificación de 87.98% en el proceso, lo que lo convirtió en el segundo mejor calificado por la Junta Proponente.
El profesional del Derecho actualmente tiene 46 años de edad. Además de ser abogado, tiene un doctorado académico en Derecho Penal y una maestría en Derechos Humanos.
Morazán laboró desde el 2011 al 2014 como director de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Seguidamente ejerció como fiscal del Ministerio Público hasta el año 2016.
Sumado a ello, el togado se ha desempeñado como docente universitario y actualmente, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ocupaba el cargo de secretario en la Procuraduría General de la República.
Marcio Cabañas Cadillo
Marcio Cabañas Cadillo, el tercero en la lista de aspirantes a fiscal entregada al Congreso nacional, recibió una nota de 84.36%.
El profesional del Derecho, de 47 años de edad, es originario de Tegucigalpa y cuenta con una especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, título que obtuvo en 2016 por la UNAH.
Además, posee una maestría en Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad, título obtenido en 2013 en la Universidad Nacional de la Policía. Laboró como analista de investigación III en la Secretaría de Seguridad en el 2000. Un año más tarde, ejerció como fiscal auxiliar en el Ministerio Público en Choluteca.
Johel Antonio Zelaya Álvarez
El cuarto en la lista es el abogado Johel Antonio Zelaya, de 43 años de edad, originario de Reitoca, Francisco Morazán, donde ejerce como regidor. Zelaya recibió un puntaje de 80.94%, siendo el cuarto mejor calificado.
En el año 2009 recibió su título de la licenciatura en ciencias jurídicas de la UNAH y es notario egresado en 2014 en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Zelaya ejerció como asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente del 2005 al 2006, posteriormente fue asesor legal en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) hasta el 2015.
Actualmente es asesor de empresas privadas y labora como consultor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
Pablo Emilio Reyes Theodore
El quinto y último de la lista de aspirantes a la fiscalía, con una puntuación de 75.26%, es el abogado Pablo Emilio Reyes Theodore. Actualmente tiene 40 años y es oriundo de Tegucigalpa.
Reyes es un abogado con orientación en Derecho Laboral y máster en Derecho Empresarial por la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec). Sin embargo, ejerció como asesor de la UNAH desde el 2010 hasta el 2012, al igual que de la Junta Interventora de la Fiscalía en 2013.
Asimismo, laboró como asesor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de 2014 a 2016 y también participó en la comisión liquidadora de la DEI. Del 2017 al 2020 fue asesor del Servicio de Administración de Rentas (SAR).