Tegucigalpa, Honduras. Las exoneraciones fiscales no deben satanizarse, dijo este miércoles la exdirectora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán.
Guzmán se refirió así a la reciente publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI) referente a la eliminación de privilegios fiscales en Honduras.
El FMI señala que esos privilegios fiscales son «inequitativos, ineficientes, complejos y poco suficientes».
Ante los señalamientos, la extitular del SAR expresó que las exoneraciones no deben satanizarse porque son incentivos que muchos gobiernos del mundo otorgan con el afán de atraer inversiones.
Sin embargo, señaló que el problema surge cuando las exoneraciones no cumplen con los objetivos que se prometen.
Asimismo, Guzmán recordó un estudio fiscal que realizó el SAR durante su administración, en el que participaron más de 13 organizaciones.
«El estudio lo acompañó el proyecto de presupuesto del año 2016 y en el mismo se hicieron recomendaciones sobre las exoneraciones fiscales que podrían eliminarse, porque no daban la rentabilidad que el Estado proyectó», expresó Guzmán.
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Reacción del COHEP
Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), pidió al Gobierno «ponerse a trabajar» y respetar a la empresa privada.
Urtecho, en tono visiblemente molesto, expresó en conferencia de prensa si «¿siguen sudando lo que pasó hace 12 años? Ya están en el poder, ya ganaron, ya dejen de hablar papadas y pónganse a trabajar».
El COHEP rechazó que el 38% de las grandes empresas no paguen impuestos, como lo indica uno de los informes del FMI.
«Si hay alguien que comete delito, hay que señalar su nombre, no podemos vincular a todo mundo», reclamó Urtecho, aclarando que, como empresa privada, no están en contra de que se revisen las exoneraciones, pero sí piden respeto.
Recomendaciones
En un comunicado de prensa, el COHEP citó una serie de recomendaciones adicionales al FMI, asegurando que sería conveniente aclarar que erróneamente utilizaron conceptos tributarios que deben manejarse y analizarse de forma separada y de acuerdo con su finalidad.
El escrito precisa que los fideicomisos son un instrumento financiero para delegar la administración de bienes públicos y/o privados a un tercero, y nunca deben ser considerados como parte de los incentivos fiscales ni del gasto tributario del país.
El ente privado también reitera su posición de aprobar una ley para fideicomisos públicos, que actualmente no existe en el país.
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