Redacción. El Ministerio Público no descarta investigar a diputados que habrían gestionado fondos públicos canalizados a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Copán, presuntamente usados para la campaña política del partido de gobierno, donde están involucrados la diputada Isis Cuellar y el ministro José Carlos Cardona.
Así lo confirmó Yuri Mora, portavoz del ente investigador, quien señaló que conformaron un equipo de fiscales para indagar un polémico video que circula en redes sociales y medios de comunicación.
Mora explicó que la investigación estará a cargo de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Y que, en caso de identificar personas de interés, ya sean secretarios de Estado o legisladores, serán citados para rendir declaración.
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“Desconozco la ruta que tomarán los fiscales, pero si hay personas de interés, estoy seguro que los van a tomar en cuenta”, indicó.
El punto de partida será el análisis del material audiovisual que expone la presunta entrega irregular de ayudas sociales. A partir de allí, se determinará si existen elementos para ampliar las pesquisas hacia actores políticos.
De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Estado, diputados han gestionado ayudas a organizaciones con el respaldo de legisladores del Partido Liberal, Democracia Cristiana, Partido Salvador de Honduras y Libertad y Refundación (Libre).
TSC también abrió investigación
Además, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) indicó este martes que, en relación con la denuncia pública sobre el uso de fondos del Estado para entregar cheques en Copán con fines de campaña política, iniciaron una investigación.
Señalaron que el TSC está obligado a realizar las auditorías y acciones investigativas basándose en los principios de legalidad. Asimismo, emitir de manera oportuna el informe correspondiente.
También indicaron que, de encontrarse méritos suficientes, se emitirán pliegos de responsabilidad hasta llegar a las instancias competentes para ejercer las acciones necesarias.
En este sentido, el portavoz del TSC, Roberto Isaula, mencionó que “el Tribunal está obligado, como ente rector del control de los recursos públicos, a actuar con base en los principios de legalidad, objetividad y profesionalismo”.
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