Redacción. Una de las situaciones más alarmantes que enfrenta el sector privado es la extorsión, un flagelo que ha obligado a la micro, pequeña o mediana empresa (Mipyme) a destinar el 14 % de sus ingresos al pago en seguridad, según información del Consejo de la Empresa Privada (Cohep).
El gerente de la Empresa Sostenible del Cohep, Gabriel Molina, explicó para HRN que solo realizando gastos significativos pueden evitar que la extorsión los siga afectando.
«En vez de estar contratando más personas, las empresas han optado por resguardar la seguridad de su mano laboral», agregó.
Le puede interesar: Flagelo de la extorsión azota a más de 300,000 hogares hondureños
Molina aseguró que para estas fechas navideñas las empresas han tenido que invertir aún más en seguridad para cuidar al personal de trabajo. Esto ha implicado que dichos recursos no puedan ser utilizados para generar empleo.
Afectaciones drásticas
El hecho de que las empresas se vean obligadas a destinar una parte importante de sus ganancias a este tipo de gastos refleja la gravedad de la situación. En muchos casos, las extorsiones se realizan de forma sistemática y amenazante, y las autoridades, por lo general, no cuentan con los recursos o la voluntad política para actuar con la celeridad necesaria.
En estos escenarios, las empresas se ven atrapadas en una especie de dilema: pagar o poner en riesgo la vida de sus empleados, sus bienes y, en última instancia, su estabilidad financiera. Por lo tanto, enfrentan una difícil decisión que podría tener consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo.
Aunque pagar la extorsión puede parecer una solución inmediata, este gasto tiene un impacto directo sobre la rentabilidad de las empresas.
Este panorama plantea interrogantes sobre el futuro de las empresas en regiones donde la extorsión es una constante.
«Algunas empresas optan por destinar recursos a la prevención, la capacitación de su personal y la contratación de seguridad privada. Mientras que otros no pueden destinar dichos recursos y terminan cerrando operaciones», detalló Molina.
La extorsión en las empresas de Honduras no solo afecta la estabilidad económica de los negocios, también socava la confianza en las instituciones y frena el desarrollo del país.
Mientras la violencia y la impunidad persisten, las autoridades deben fortalecer las estrategias de seguridad y justicia para erradicar este flagelo.
De igual interés: Extorsionadores cobran aguinaldo a transportistas desde hace más de una década
