Redacción. Longino Becerra, ministro de la Secretaría de Derechos Humanos, solicitó a los entes de investigación y seguridad una investigación inmediata del crimen del periodista Javier Hércules Salinas.
El comunicador perdió la vida de manera violenta durante la madrugada del domingo, mientas se conducía en su taxi en la ciudad de Santa Rosa de Copán.
“Pido a las autoridades competentes una investigación inmediata que ponga a los autores materiales e intelectuales ante la justicia”, expresó el funcionario que asumió su cargo recientemente.
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No se debe desinformar
La muerte del periodista ha desatado una serie de críticas por parte de sectores opositores al gobierno de turno y del titular del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) Juan Carlos Sierra. Este último denunció que Hércules Salinas gozaba de medidas de protección para periodistas, las cuales no se cumplieron.
Al respecto, el secretario acusó al presidente del CPH, de desinformar sobre el asesinato del periodista de origen salvadoreño.
Becerra detalló que Hércules estaba bajo cinco medidas de protección. Entre ellas: “patrullajes en su domicilio, enlace policial, curso de autoprotección, gestiones ante otras instituciones y un estipendio mensual”.
El crimen
El crimen contra Hércules Salinas reviste una gravedad particular, ya que el periodista contaba con medidas de protección desde octubre de 2023. Estas le fueron asignadas tras sobrevivir a un intento de secuestro ocurrido un mes antes.
El ataque se produjo mientras Salinas conducía su taxi, un trabajo que realizaba paralelamente a su labor periodística como fuente de ingresos. Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, provocando su muerte en el lugar, según los informes preliminares de la Policía.
La solicitud de una investigación inmediata, presentada por el ministro Becerra, se da en un contexto de creciente alarma por la seguridad de los periodistas en Honduras, particularmente aquellos que investigan temas delicados como el crimen organizado, ámbito en el que Salinas se especializaba. Este caso vuelve a poner de relieve la exposición y el riesgo que enfrentan los comunicadores, incluso cuando cuentan con protección oficial.
El pronunciamiento del titular de Derechos Humanos marca la primera reacción formal del gobierno ante este nuevo asesinato de un periodista. Asimismo, llega en medio de denuncias de organizaciones gremiales y defensores de la libertad de expresión, quienes advierten sobre un aumento en la violencia contra la prensa durante la actual administración.
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