SANTA ROSA DE COPÁN. Más de 300 pobladores del municipio de La Unión, Copán se apersonaron ayer martes para tomarse las instalaciones del Ministerio Público (MP), en protesta en favor «Minerales de Occidente S.A», concesionaria de la canadiense Aura Minerals.
Los habitantes no permitieron que ningún fiscal saliera ni entrara a dichas instalaciones, pue aducen que estarán allí hasta que haya una respuesta concreta por parte de las autoridades competentes. Empleados de la empresa minera y sus familias llegaron hasta Santa Rosa de Copán. Asimismo, con pancartas en sus manos exigían que Minosa continúe operando, pues desde hace mucho tiempo dependen de dicho rubro.
Por su parte, el regidor de la municipalidad de La Unión, Copán, Ricardo Portillo, aseveró que «pertenecemos al pueblo y estamos pendientes de lo que sucede, la razón de la protesta es por un recurso de amparo que pusieron para para la explotación minera; pero ésta no puede parar, muchas familias dependen de allí, la empresa da más de tres millones de lempiras mensuales y el municipio es el que se beneficia, pero de no llegar los ingresos, nos veremos afectados todos, pedimos a quienes estén en contra que se avoquen a la municipalidad».
Por su lado, el ex candidato a diputado Javier Trigueros, señaló que como representante de la Aldea San Andrés Minas están preocupados por la resolución del juez en el departamento de Cortés. Quien «amenaza» con parar la operación de la empresa minera.
Además, que su único objetivo es mantener firmemente cuatro ejes fundamentales: lo laboral, social, ambiental y económico.
EN RIESGO VARIOS EMPLEADOS DE MINERA
En tanto, habitantes de La Azacualpa, Copán, denunciaron anteriormente que «no podemos permitir que se sigan exhumando nuestros deudos. Esto, cuando la empresa no ha seguido el proceso para que las familias autoricen o no trasladar sus muertos. Este alto es para decir que nos respeten, no más atropellos».
La comunidad busca que el predio donde se ubica el cementerio no sea explotado por la empresa minera. La gente en Azacualpa han estado enterrando sus familiares en el mismo lugar durante más de 200 años. No se sabe cuántos cuerpos descansan en este cementerio. Sino que descansan en la cima de una montaña de oro. Esto es sólo el último de una serie de conflictos en Honduras que involucran a las comunidades de bajos ingresos y grandes empresas. En Azacualpa, el origen de la controversia es la mina a cielo abierto de San Andrés operado desde 1983. Esto, a través de los Aura Minerals y su afiliada, Minerales de Occidente SA (MINOSA), desde el año 2009.
Las tensiones entre la comunidad y la empresa minera de hoy se debe a un acuerdo alcanzado en 2012 que aún no se ha materializado. “La empresa minera no ha cumplido con nada de eso. Ellos quieren que nos damos todo mientras ellos dan nada. La empresa minera quiere quitar el cementerio y la comunidad no quiere», señaló Genaro Rodriguez Montoya, abogado del Comité Ambiental de Azacualpa.
EL ACUERDO
El acuerdo establece que en agosto de 2015, Aura Minerals habría proporcionado 396 nuevas viviendas para la población que vive en el área de Palania. Esto, a unos 8 kilómetros de distancia. A cambio, las personas que viven en Azacualpa, cerca de 3.000 personas, comprometidas a dar su autorización individual. Lo anterior, para mover el cementerio y permitir la identificación y el traslado de los restos.
Rodriguez Montoya afirmó que la empresa minera no cumplió con todas las casas prometidas. Pues los previstos eran más pequeñas de lo que se acordó. Aura Minerals sostuvo en su momento que no iban a dar el resto de las casas. Lo anterior, hasta que los habitantes de dicha comunidad estuvieran de acuerdo con mover de ubicación los restos de sus seres queridos.
