Redacción. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) presentó este miércoles un informe denominado “33 años de Corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica”.
El estudio menciona al menos siete casos emblemáticos en Honduras, los cuales han ocasionado una pérdida aproximada de 3,500 millones de dólares al Estado debido a la corrupción en el país.
Durante la presentación se mencionaron casos ampliamente conocidos en Honduras, como el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el fallido proyecto “Trans-450”. Además, la adquisición de los hospitales móviles durante la pandemia, entre otros.
“El monto estimado de solo siete casos de corrupción en Honduras da tres mil 500 millones de dólares. Es decir, unos 87 mil 500 millones de lempiras, lo que da una pista de cuán grande es el fenómeno”, expresó Rodulio Perdomo, consultor asociado del Fosdeh.
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Un mal profundo
El informe revela cómo la corrupción ha infiltrado de manera profunda todos los niveles del gobierno y sectores clave, abarcando desde la administración pública hasta el narcotráfico, lo que ha consolidado una cultura de tolerancia que perpetúa este fenómeno.
Asimismo, detalla el impacto económico, político y social de la corrupción, y propone medidas específicas para avanzar hacia sistemas de gobernanza más transparentes y justos.
El informe destaca que la corrupción no solo se ha normalizado en las dinámicas sociales y políticas, sino que también se ha infiltrado en el sistema democrático de países del «Triángulo Norte», como Guatemala, El Salvador y Honduras.
El economista hondureño sostiene que, frente a este flagelo, el Ministerio Público (MP) debería contar con un presupuesto tres veces mayor. A su vez, remarca que se necesitan más auditores para poder perseguir y combatir la corrupción de manera efectiva.
A criterio del especialista, la sociedad civil debe permanecer más vigilante ante un fenómeno que parece haber normalizado su actuar.
El entrevistado detalló que la evaluación de los actos mencionados abarca desde 1990 hasta abril de 2023. En el análisis detallado del impacto, participaron organizaciones como Cristosal de El Salvador y Acción Ciudadana de Guatemala.
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