Redacción. Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), tomaron el control de los centros penales de Honduras a partir del pasado lunes 26 de junio por mandato de la presidenta de la República, Xiomara Castro, tras la tragedia ocurrida en la Penitencia Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde fallecieron 46 mujeres el pasado 20 de junio.
La Policía Militar procedió a movilizarse desde las 3:00 a.m. de ayer lunes hacia las diferentes cárceles del país para llevar a cabo el operativo «Fe y Esperanza». Plan ejecutado con la finalidad de «de tomar el control, la seguridad y la gobernabilidad de los centros penales», según lo explicado por el capitán de la PMOP, José Coello.
De primera mano, los uniformados de color verde intervinieron el Centro Penitenciario de Támara, Francisco Morazán; las cárceles de máxima seguridad «El Pozo» en Ilama, Santa Bárbara y «La Tolva» en Morocelí, El Paraíso. También se intervino la Penitencia Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), lugar donde ocurrió la matanza.
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«Las operaciones de inserción ya se han realizado en diferentes módulos y se estará realizando la operación de despeje. Esta consiste en el traslado de los privados de libertad a una zona segura», añadió el capitán de la Policía Militar.
Tragedia en PNFAS
La determinación surgió debido a los múltiples tiroteos y reyertas en las prisiones del país durante este año. Sin embargo, el hecho que desencadenó las recientes medidas emitidas por el Gobierno fue la tragedia ocurrida en la cárcel de mujeres (PNFAS), el pasado martes 20 de junio, donde perdieron la vida 46 reclusas.
El mismo día en que ocurrieron los hechos, Xiomara Castro se pronunció para lamentar la tragedia carcelaria. A su vez, convocó al en ese entonces ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y a la viceministra y encargada de la intervención carcelaria, Julissa Villanueva, para que rindieran cuentas. En su mensaje, la presidenta dejó claro que tomaría «medidas drásticas» al respecto.
La primera medida no se hizo esperar. El 21 de junio, un día después de la matanza, la mandataria decidió destituir a Ramón Sabillón de la titularidad de la Secretaría de Seguridad. En su lugar nombró como nuevo ministro a Gustavo Sánchez, quien hasta entonces ocupaba el cargo de director de la Policía Nacional. Además, determinó que Sabillón «tomará un cargo en el servicio exterior hondureño»; quedando así destituido.
Medidas «drásticas»
Empero, la noche de ese mismo día se anunció que Julissa Villanueva quedaba removida de su cargo como presidenta de la Comisión Interventora. Y al día siguiente, jueves 22 de junio, la presidencia emitió un comunicado en el que anunció que las Fuerzas Armadas se harían cargo de la dirección y control de las cárceles del país.
«En un plan conjunto, como manda la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas de Honduras asumirán funciones de seguridad, en colaboración con la Policía Nacional, en los dieciocho departamentos del país en las áreas y acciones que así se especifiquen», reza parte del escrito presidencial.
Por otra parte, el comunicado especifica que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumirá la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales del país, por el periodo de un año.
Matanza en Choloma
Para «ponerle más limón a la herida», el pasado sábado 24 de junio un billar de Choloma se convirtió el escenario de una brutal masacre en la que perdieron la vida 13 personas.
Según el reporte de las autoridades, un grupo de sicarios que «portaban uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) irrumpieron en un billar de la colonia López Arellano de Choloma«. Sin mediar palabra, los sujetos comenzaron a disparar contra la humanidad de todos los que se encontraban departiendo en el establecimiento.
Sumado a esa masacre, murieron otras ocho personas de manera violenta ese mismo sábado 24 de junio. Esa fecha, desconocidos mataron a sangre fría a una madre con su hijo de apenas un mes de nacido en Choloma.
En total, solo ese día se registraron 21 muertos en el Valle de Sula, alertando nuevamente a la población, dejando en mal al Gobierno y urgiendo de nuevas medidas a las autoridades de seguridad.
Toque de queda
Tras esta sangrienta fecha, la mandataria se pronunció nuevamente a través de su cuenta oficial de Twitter, y anunció la implementación de un toque de queda para dos de los municipios más afectados por la violencia en el Valle de Sula. En Choloma (lugar de la masacre) la medida estará vigente desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. desde el 25 de junio. En el caso de San Pedro Sula, esta misma medida será implementada a partir del 4 de julio.
Tras la ordenanza del Gobierno, las autoridades de Seguridad aseguraron que comparten la preocupación de la población ante los recientes sucesos ocurridos durante los últimos días. En ese sentido, manifestaron estar de acuerdo con la ejecución a cabalidad de las ordenanzas del Gobierno para hacerle frente a la situación.
«Nosotros creemos que esta medida es muy efectiva por los logros que a través del tiempo hemos estado teniendo en estos seis meses», manifestó el nuevo ministro de Seguridad de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, respecto a la implementación de estado de excepción y del toque de queda.
Según él, gracias al estado de excepción han logrado «desmantelar estructuras, incautar una enorme cantidad de armas de fuego, incluyendo algunas armas de guerra. Incautación de droga y erradicación de arbustos de plantas de coca».
Órdenes acatadas
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Julio Ruiz Cerrato, expresó que la institución castrense ha asumido un rol para apoyar a la Policía Nacional, en torno a la situación actual. «Es preferible tener estos estados de excepción a que se sigan dando estos homicidios múltiples», expresó.
Asimismo, Cerrato aseguró que en conjunto con la Policía Nacional realizarán las labores ordenadas por la presidenta que van desde patrullajes hasta retenes.
«Hay que tomar acciones y el hecho de establecer toques de queda son medidas llamadas a mejorar esos índices», señaló Cerrato. Por otra parte, se dejó claro que se extenderán salvoconductos a personas cuyo trabajo se desarrolle en horas nocturnas.
Cabe recordar que el estado de excepción se implementó desde el 6 de diciembre del 2022 en varios municipios y departamentos del país, con la finalidad de dar con los miembros de las estructuras criminales.
Decomisos en las cárceles
Durante la militarización de los centros penales, las autoridades anunciaron que lograron decomisar armamentos y otros artefactos de uso prohibido para los reclusos.
«Se decomisó varias armas de fuego con municiones de diferente calibre, se aseguraron granadas de fragmentación. También se decomisó una subametralladora, cargadores de diferente calibre, celulares» y otros artefactos prohibidos en los centros penales, informó Coello.
Más adelante, el propio secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales, compartió un sinnúmero de fotografías mostrando los hallazgos en varios de los centros penales.
«El pueblo hondureño puede ver que las cárceles han funcionado como escuela del crimen. Tienen un arsenal adentro. Los resultados no se harán esperar en favor de la seguridad», señaló.
Las cárceles del país no deben de seguir como escuelas del crimen. pic.twitter.com/3wqRDGiAxD
— José Manuel Zelaya Rosales (@JoseMZelayaR) June 26, 2023
Reacciones y propuestas
El general Romeo Vásquez Velázquez es de la opinión de que la situación de la seguridad del país es un «problema político» no policial ni militar. En ese sentido, señaló que, puesto que las estrategias implementadas hasta ahora no han estado funcionando, se deben tomar otras medidas. «Si estamos en una guerra hay que tomar medidas políticas decididas«, aseveró.
Velásquez trajo a colación el aumento de la participación de menores y jóvenes en las pandillas. Por ello, propuso que se implemente el servicio militar de carácter obligatorio.
«Tenemos un problema serio. Los jóvenes que no trabajan, ni estudian que no tienen oportunidades en Honduras están siendo reclutados por el crimen organizado y una decisión política con estos jóvenes. Entonces hay que sacarlos de ahí y llevarlos a un servicio militar obligatorio para que vayan a las escuelas técnicas a estudiar», argumentó.
Por su parte, la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) emitió una alerta. A través de esta solicitó que se garanticen los derechos de los presos.
«CONADEH recuerda al Estado hondureño que su deber de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad bajo su custodia», manifestaron.
Por otro lado, algunos pobladores aprovecharon los espacios en redes sociales para verter su opinión sobre las imágenes que inundaron las redes sociales durante todo el día que mostraban a miembros de pandillas sometidos al estilo de El Salvador.
«Excelente primer paso, se debe recuperar el control estatal sobre los reclusos«; «Eso sí me alegró la mañana»; «Eso era lo que se necesita, mano dura y estar preparados por las posibles represalias que se puedan venir»; «Sin contemplaciones… A la mie*** los derechos humanos de esas bestias»; fueron algunos de los comentarios de internautas al respecto.