COLÓN. Aunque el caso del militar abatido en Tocoa está en vista de los ciudadanos, muchos solamente se preguntan qué pasó antes para que él empezara a disparar. Sin embargo, hay una situación más importante: ¿Qué pasará ahora?
Dixon Gonzáles de tan solo 22 años de edad, deja sola a su esposa y sus hijos. Algo lastimoso, es que ellos quedarán sin manutención debido a que él incurrió en desacato a las órdenes y la moral.
El Gobierno de Honduras brinda cuidado especial y manutención a las familias de aquellos militares que fallecen cumpliendo su labor y en obediencia a la institución. El caso de Gonzáles, no es así. Él violentó los principios del Ejército Hondureño.
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Asimismo, rompió una de las reglas de oro de las Fuerzas Armadas al apuntar su arma contra civiles de su propio país. Partiendo de estos dos elementos, su familia, aunque inocente, sufrirá las consecuencias de sus actos al quedar sin apoyo alguno.
¿El AR-15 era su arma de reglamento?
Las acciones de Gonzáles dejan una situación que debe investigarse a fondo. Él salió a la calle vestido de civil pero llevó consigo un arma AR-15, de uso militar.
Algunos dicen que era su arma de reglamento, pero también podría tratarse de una comprar ilegal. Primero, esta parte debe ser esclarecida.
Partiendo de lo anterior, si era su arma asignada, el batallón al cual él pertenecía será investigado. «Un militar puede salir de una base con su arma de reglamento, única y exclusivamente, si va de misión», expresó un agente retirado.
El comandante del batallón es el encargado de velar porque todo el personal cumpla con estas especificaciones. Si el militar no va a misión y saca su arma de la base, se le podría hacer corte marcial y condenarlo a un mínimo de 10 años de prisión.
¿Qué hubiese pasado si él sobrevive ayer?
Gonzáles se encontró entre la espada y la pared. Si él no hubiese fallecido ayer, le esperaría gran cantidad de años en prisión.
En el Juzgado Civil lo habrían condenado por portación ilegal de armas de guerra y tentativa de homicidio. Por otra parte, en el Ejército de Honduras le darían corte marcial, lo destituirían de sus funciones en las Fuerzas Armadas y lo condenarían por desobedecer órdenes.
De la misma manera, el Ejército lo acusaría de tentativa de homicidio y deserción. Dos juicios se habría metido al bolsillo en el caso de sobrevivir. Por todo esto, lo condenarían a un mínimo de 80 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional.
Policía Nacional solo siguió órdenes
Cuando los miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar, cumplieron con su labor. Han recibido muchas críticas por sus acciones pero actuaron de acuerdo a lo establecido.
«Él no rindió su arma, las autoridades solo siguieron órdenes. La orden es que si él está amenazando y abre fuego, se dispara a matar. Pero si él no suelta su arma y no dispara, las autoridades están obligadas a hacerlo entrar en razón y que se entregue», comentó un militar retirado.
«Eso fue lo qué pasó, le pidieron que se rindiera y entregara su arma, el abrió fuego y eso es luz verde a que le quiten la vida», concluyó.
¿Qué pasará con el batallón donde él estaba asignado?
Tras su muerte y dejar multitud de dudas, el batallón donde él estaba asignado será puesto bajo investigación. Lo primero será la evaluación psicológica a todos los soldados, subalternos y oficiales.
Acto seguido, se procederá a interrogar al guardia de turno, al oficial que firmó su pase de salida y sus compañeros de unidad.
Cuando un agente es asignado como guardia y un soldado saldrá de la base, debe revisar todo lo que lleva. Lo único que puede sacar son sus chapas de identificación y el carnet que lo acredita como efectivo militar.
Ni siquiera pueden sacar sus botas debido a que todo eso es propiedad del Estado de Honduras. «Si se determina que el fusil pertenece a las Fuerzas Armadas, se destituye al oficial en el mando y a los soldado que estaban asignados en la guardia el día que el salió de franco», dijo un exmilitar.
A ellos se les puede hacer corte marcial por permitir que un elemento saliera de las instalaciones con un arma propiedad del Estado. Asimismo, se les puede juzgar como cómplices.
No solo la base a la cual él estaba asignado será puesta bajo investigación. En general, todas las bases serán revisadas para evitar que en el futuro ocurra un incidente similar.
