Redacción. El 1 de junio de 2025, Erick Hernández Rodríguez iba manejando por la autopista I‑5, cerca de la frontera con México, cuando perdió una salida y terminó cruzando accidentalmente hacia Tijuana, pero al intentar regresar de inmediato a Estados Unidos, fue detenido por agentes fronterizos y ahora enfrenta un proceso de deportación.
Hernández, originario de El Salvador, llegó a Estados Unidos cuando tenía 14 años y ha vivido por más de 20 años en Los Ángeles, protegido por el programa DACA. Trabaja como conductor de rideshare y en un negocio familiar de refrigeración. Está casado con una ciudadana estadounidense y espera a su segundo hijo.
Según la normativa migratoria, salir del país sin una autorización previa —conocida como “Advance Parole”— anula automáticamente los beneficios de DACA. Al intentar regresar a territorio estadounidense sin ese permiso, le revocaron el estatus de inmediato, y fue colocado en un proceso de remoción acelerada, sin derecho a audiencia ni fianza.
Lo trasladaron al centro de detención de Otay Mesa, en San Diego, donde permanece bajo custodia. Su familia asegura que nunca había salido del país, no tiene antecedentes penales y que todo fue un accidente.
Acusan intento de soborno
La abogada de Erick, Valerie Sigamani, denunció que uno de los agentes de CBP le habría pedido un soborno de 800 dólares para dejarlo pasar sin consecuencias. Al no tener el dinero, lo arrestaron. El caso ya se encuentra denunciado ante el FBI como un posible acto de corrupción.
La esposa de Erick, quien está embarazada, ha expresado su preocupación por lo que podría ocurrir. Él es el sostén económico de su hogar y cuida de su hijo pequeño. De deportarlo, lo enviarían a El Salvador, un país que no ha visitado desde su adolescencia y donde teme por su seguridad.
Su defensa busca revertir la remoción acelerada, argumentando que el cruce fue involuntario y que Erick no tenía intención de abandonar el país. El caso ha despertado la atención de organizaciones proinmigrantes, que piden revisar la forma en que se aplican estas sanciones cuando se trata de errores humanos sin mala intención.
