Redacción. Por segundo día consecutivo, los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) mantienen una protesta exigiendo justicia por el asesinato del ambientalista y regidor Juan Antonio López.
El lunes los manifestantes obstruyeron la carretera CA-5 entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, demandando respuestas por la muerte del defensor asesinado a disparos el pasado 14 de septiembre en el municipio de Tocoa, Colón.
Y hoy, martes, se movilizaron hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con sus carteles y mantas solicitándoles a las autoridades celeridad en el proceso de investigación y se pueda dar con los responsables de este hecho.
«Hemos llegado a la Corte Suprema de Justicia desde varios territorios, territorios que hemos estado siendo perseguidos, criminalizados y asesinados. Condenamos realmente y exigimos a esta Corte resultados con relación al asesinato de nuestro compañero Juan López», dijo el defensor Johnny Rivas.
«Hasta el papa Francisco se pronunció y ha llegado la voz al más alto nivel de la iglesia. Pero también al más alto nivel de los organismos internacionales defensores de derechos humanos y el Estado de Honduras está obligado a dar respuesta inmediata con relación a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero Juan López, que su única falta fue luchar por un ambiente sano en nuestro país», subrayó.
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Recurso de inconstitucionalidad
Rivas informó que se han movilizado para solicitar que la CSJ, además, declare «inconstitucional» el decreto 93-2021, que conlleva la criminalización de toda protesta social en Honduras.
«También estamos exigiendo que declare inconstitucional la ley para la modernización y desarrollo del sector agrícola. Esto porque permitió la acumulación de tierra en pocas manos, contraviniendo incluso los artículos 344 al 350 de la Constitución», añadió.
Manifestó que como Copinh exigen el cese a la criminalización por delitos de usurpación. «Estos casos deberían de ventilarse o desarrollarse en tribunales civiles y no llevarlos a instancias penales. Y es que lo que ocurre que en este país es una mala distribución equitativa de la tierra. Por eso hoy hemos llegado aquí a exigir justicia, justicia y más justicia», concluyó.
