Redacción. El Ministerio Público, a través de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), presentó requerimiento fiscal contra 15 personas por su supuesta participación en una serie de hechos violentos ocurridos entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, que provocaron el desplazamiento de más de 460 familias campesinas en el Bajo Aguán, departamento de Colón, en el Caribe.
Las personas fueron identificadas como miembros de la estructura criminal conocida como «Los Cachos», que opera en la zona imponiendo control violento sobre las fincas. A los implicados se les imputan delitos de desplazamiento forzado, privación ilegal de libertad, lesiones agravadas y asociación para delinquir en perjuicio de cooperativas campesinas, testigos protegidos y la Constitución de la República.
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Títulos de propiedad del INA
Las víctimas son integrantes de la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Aguán (COPA), y poseen títulos de propiedad extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA) desde hace 30 años sobre más de 1,800 hectáreas de tierra. A pesar de contar con respaldo legal, las familias recibieron amenazas de muerte, disparos, secuestros y torturas por parte de la banda «Los Cachos».
Además, por el temor infundido por la banda criminal y los constantes enfrentamientos, varios campesinos resultaron heridos. Otros se vieron obligados a huir, abandonando sus viviendas y cultivos.
A más de 160 familias de la Cooperativa Camarones, 125 de la Cooperativa Tranvío y 183 de la Cooperativa El Chile los desplazaron de forma forzada. Como resultado de estas acciones, se logró la captura de uno de sus principales cabecillas, identificado como Juan Carlos Lizama Escalante.
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