Tegucigalpa, Honduras. Odir Fernández, miembro de la Junta Proponente, informó que la matriz de evaluación para los aspirantes a convertirse en el próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, establece que los actuales diputados del Congreso Nacional no podrían pretender ostentar a estos cargos.
Según la ley, está prohibido que los legisladores que actualmente tienen un curul en el en hemiciclo legislativo puedan aspirar a estos cargos. En consecuencia, en diputado Jari Dixon, quien hizo públicas sus aspiraciones, no podría participar.
De igual manera, Fernández señaló que no pueden buscar el cargo los familiares de la presidenta de la República, Xiomara Castro, ni los de los demás presidentes de los otros poderes del Estado, al igual que de los designados presidenciales.
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El representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la Junta Proponente también remarcó que tampoco podrían postularse los familiares de miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Entre tanto, Julio Raudales, que representa las universidades privadas, sentenció que «en la Ley Orgánica del Ministerio Público está muy claro que ningún diputado puede postularse, es decir, están inhabilitados para ser fiscal general y adjunto».
Convocatoria
Mañana lunes, 19 de junio, se hará de conocimiento público la convocatoria a los aspirantes para fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) de Honduras. El proceso estará vigente por siete días hábiles a partir de su publicación.
Asimismo, la postulación será de manera presencial y por escrito. Esto significa, que los profesionales del derecho que aspiren al cargo, deberán acudir personalmente al lugar que la junta establezca.
La Junta Proponente aprobó de manera unánime las herramientas que se van a tomar en cuenta para seleccionar los aspirantes para estos dos altos cargos de la Fiscalía.
Tras el proceso que demanda la ley y cuando se elijan, al nuevo fiscal general y fiscal adjunto, los van a nombrar el 1 de septiembre y ejercerán el cargo por un periodo de 5 años.