Redacción. Le decían «Ina, la narco reina», y había vuelto a pisar la calle después de muchos meses de encierro. Sabrina Durán recibió ocho balazos en la comuna Padre Hurtado, en la periferia de Santiago. Tenía 24 años y contaba los días que le faltaban para reencontrarse con su novia, a quien había conocido en la cárcel.
El crimen impactó a los chilenos, perplejos por el avance del narcotráfico en un país que era considerado seguro. Durán era una de las constataciones de que esa realidad se había modificado. La «narco influencer», como la llamaban también, tenía una cuenta en la red social Tiktok que era seguida por 355.000 usuarios que le dejaban millones de «me gusta» en sus videos en los que bailaba reggaetón.
«Fue a sangre fría, a las nueve de la mañana. Falleció en el acto», ha informado la policía. Dos hombres la interceptaron en la vía pública y se llevaron su carro, que luego apareció incendiado. «La Ina» se había ganado su reconocimiento en el mundo del delito a fuerza de robar automóviles y el menudeo del negocio de la droga. Lideraba una pequeña banda de ramificaciones familiares, y con sus hermanos como principales ejecutores. Cumplía una pena de tres años y sus primeros días de libertad vigilada asistida, informó el fiscal Pablo Sabaj.
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Violencia
El episodio se suma a una serie de crímenes similares, cuyo incremento sostenido ha puesto en guardia al Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric.
Se estima que los hechos violentos aumentaron un 33% en 2022 respecto al año anterior. El presente año concluirá también con una suba de esos hechos, reconocen las autoridades, obligadas a convertir a la cuestión de la seguridad en un eje de su gestión.
Jorge Molina acaba de publicar el libro Chile narco en el que deja constancia de las transformaciones del delito en ese país.
Todo ha comenzado a cambiar a partir de 2018, con la llegada de células del Tren de Aragua, el grupo narcotraficante de origen venezolano y ramificaciones en la región. Según Molina, el narcotráfico no ha corrompido hasta el momento a la primera línea de la política ni el Estado pero sí a «funcionarios públicos de menor rango».
A su criterio, las estructuras de seguridad chilenas no están preparadas para enfrentar al crimen en su verdadera dimensión.
Fuente: El Peridico, FV Digital.
