En los últimos años el gasto presupuestario ha sido dominado por los rubros de la seguridad nacional –Defensa y Seguridad—en menoscabo de los servicios sociales –Educación, Salud, Vivienda—y del nivel de vida de los hondureños.
La aplicación de la tristemente célebre doctrina de la seguridad nacional, que en la década ’80 del siglo pasado se caracterizó con el capítulo de “los desaparecidos”, ha adoptado nuevas modalidades de militarización y de disolución de la soberanía nacional para establecer un régimen totalitario de estructura fascista.
El concepto clásico de la defensa nacional, en el que las funciones de las fuerzas armadas se circunscriben a la salvaguarda de la integridad territorial y a la protección de la agresión externa, ha sido sustituido por el de la “seguridad nacional” en que la fuerza militar se apropia de las funciones de la seguridad interna, que corresponden a la policía.
Esa modalidad actual en la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional se ha ampliado a todo el aparato administrativo del Estado, en el caso de Honduras con el instrumento de la FUSINA y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), para lo cual la recaudación tributaria y los recursos del Estado pasan a un barril sin fondo.
Esa es la razón de ser, en la esfera financiera, de la tasa de seguridad (“tasón”) y de otros impuestos como el del 1,5% sobre el volumen de ventas, de hecho inconstitucionales, mediante los que se incrementa progresivamente el gasto militar-policial como columna vertebral del combate contra la violencia y la criminalidad, resuelta en fracaso en todos los sentidos, pero con mayor índice en la pobreza, que es la peor forma de violencia.
Así observamos la exactitud de los señalamientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y más recientemente de la exministra de Finanzas Rebeca Santos (2006-junio 2009) sobre el aumento desproporcionado –y progresivo—del presupuesto nacional para defensa y seguridad, este año de 160%, pero sin incluir lo correspondiente al “tasón” y a los otros impuestos relacionados.
Se estima, por ejemplo, que “en adición a este incremento de 160%, también está la utilización de 8,000 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, que ya está endeudada” (Rebeca Santos).
Asimismo, el empleo toda esa enorme asignación presupuestaria se mantiene en secreto, vale decir en los ámbitos de la corrupción, y, en lo que importa al verdadero rol de la seguridad interna, lo cual que pasa por la atención a los grandes problemas de la inequidad económica y del bienestar social.
