Redacción. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, reveló que el Estado pagaría más de 1,000 millones de lempiras por demandas en contra de ese órgano público.
«Más de 1000 millones, creo que es muchísimo más pero nosotros hemos hecho un cálculo y estamos evitando que se demande (…) producto de no haber hecho las cosas de forma correcta en administraciones anteriores», indicó.
Zelaya añadió que «hemos identificado una serie de problemas y hemos hecho una alerta donde de forma conjunta con el Instituto de la Propiedad estamos llegando a un acuerdo para solventar más de 500 situaciones que se han venido arrastrando desde el 2018 hasta la fecha y eso desencadenaría en más de 500 demandas en contra del Estado a través de OABI».
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OABI
En ese sentido, el funcionario aseguró que «no vamos a permitir que se demande al Estado y es por ello que hemos estado trabajando fuertemente en solventar este tipo de situaciones».
«Vamos a proceder de forma gradual a resolver todo este tipo de problemas que lamentablemente sucedieron a lo interno de OABI, pero que nosotros no vamos a permitir que continúen sucediendo mientras estemos al mando de esta oficina», manifestó.
El funcionario público también mencionó que «hay bienes que se vendieron sin seguir los procedimientos». Es decir, que las propiedades adquiridas por terceros aún no están registradas a sus nombres por no realizar el proceso conforme a ley.
Zelaya además reveló que van a presentar denuncias en contra de algunos jueces del Juzgado de Letras de la Sección de La Ceiba, Atlántida.
«Los jueces son las personas que tienen que tener pleno conocimiento de cómo, dónde y cuándo se aplica la ley», agregó.