Redacción. Al menos 11.738 personas denunciaron violaciones a sus derechos humanos en Honduras durante 2024, según el informe anual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), publicado ayer martes. La cifra representa un incremento del 10 % en comparación con las 10.608 quejas registradas en 2023.
El documento advierte que el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso fue el más vulnerado, seguido por violaciones al derecho a la vida, integridad personal y libertad. Las denuncias, según el organismo, reflejan “falencias cruciales del Estado en la protección de derechos fundamentales”.
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Principales hallazgos del informe:
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3.072 denuncias (26,17 % del total) fueron interpuestas por mujeres, la mayoría relacionadas con acceso a la justicia, amenazas de muerte, hostigamiento físico y psicológico, abuso de autoridad y desplazamiento forzado.
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El CONADEH documentó 460 quejas de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, jueces, comunicadores y campesinos, así como 67 incidentes de violencia o agresión contra estos sectores.
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La situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes fue catalogada como crítica debido a la persistencia de despojo territorial, criminalización y falta de consulta previa.
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La población LGTBI enfrenta “exclusión estructural” reflejada en altos niveles de violencia, discriminación y ausencia de reconocimiento legal, lo que limita su acceso a derechos básicos y los expone a riesgos constantes.
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En el sector rural, los campesinos enfrentan serias barreras para acceder a la tierra, agravadas por la inacción estatal en procesos de titulación y clarificación.
Caso emblemático: asesinato de Juan López
El informe destaca el asesinato del defensor de la tierra y delegado pastoral Juan López, ocurrido en septiembre de 2024 en el municipio de Tocoa, Colón. Pese a contar con medidas cautelares nacionales e internacionales (CIDH), López fue asesinado sin que el Estado implementara mecanismos efectivos de protección.
El CONADEH calificó el caso como resultado de una “grave desatención estatal”. López era opositor al proyecto minero-energético Pinares Ecotek, denunciado por estar ubicado en una zona protegida que amenaza los ríos Guapinol y San Pedro.
Condiciones penitenciarias y corrupción
El organismo también cuestionó la política penitenciaria del país, señalando condiciones de hacinamiento, reclusión inhumana y traslados arbitrarios, en violación al derecho internacional. Denunció el uso del encierro como castigo sin control judicial, dentro de un enfoque “punitivo y alejado de los principios legales”.
Sobre la corrupción, el informe concluye que este fenómeno tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población. Debilita las instituciones, fomenta la impunidad y perpetúa la pobreza. Ante esto, el CONADEH recomendó la creación de mecanismos independientes, nacionales e internacionales, con amplio mandato para combatir la impunidad.
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