Redacción. El Consejo de Derechos Humanos recibió el martes una solicitud de 45 países miembros de la ONU para que Venezuela cese de inmediato la creciente represión contra opositores políticos y manifestantes en todo el país.
Además, el organismo exigió la liberación incondicional e inmediata de aquellos que han sido detenidos de manera arbitraria.
En una declaración presentada ante el Consejo de Naciones Unidas por la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, los firmantes instaron a las autoridades venezolanas a cumplir plenamente con «las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención».
La declaración cuenta con el respaldo de una amplia variedad de países, incluyendo naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
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Además, cuenta con el apoyo de países europeos como España, Portugal, Italia, Francia y Alemania, así como de potencias globales: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón y Canadá.
Declaración
Mondino expresó ante el Consejo que los países firmantes quieren destacar su seria inquietud por la grave crisis de derechos humanos en Venezuela. Dicha dificultad se ha agravado este año en el contexto del proceso electoral.
La declaración señaló que, tras las elecciones del 28 de julio, la situación se ha deteriorado significativamente, con un aumento en las «detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad».
Asimismo, el comunicado destacó el uso excesivo de la fuerza, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por grupos civiles armados denominados «colectivos». Así como otros abusos que incluyen «la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González«, exiliado en España.
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«Bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de libertad a las personas. Los ciudadanos buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica», señaló la declaración.
También, expresó su pesar por la decisión de las autoridades venezolanas de interrumpir la colaboración con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Eso resultó en la expulsión de sus empleados del país en febrero pasado, y solicitó la restauración inmediata de esta cooperación.
Además, se hizo un llamado para permitir la entrada a Venezuela de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Esta organización es la encargada de investigar las violaciones de derechos humanos en el país.
La misión está programada para presentar su informe más reciente el próximo 19 de septiembre ante el Consejo de la ONU.
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