Redacción.- El juez Marco Antonio Vallecillo, acusado por el delito de extorsión, aceptó este viernes su culpabilidad ante el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Según el Poder Judicial, la defensa de Vallecillo solicitó este viernes la medida alterna de Procedimiento Abreviado, que es un procedimiento especial que se aplica cuando el imputado admite su culpabilidad para llegar a un acuerdo.
De acuerdo con el portavoz de este poder del Estado, Melvin Duarte, el procedimiento abreviado se encuentra contemplado en el Código Procesal Penal, en su artículo 403, en el cual, «a solicitud conjunta del imputado con el Ministerio Público y antes de que se dicte la auto de apertura a juicio, se utiliza a cambio de recibir una rebaja en la pena que sea señalada por el juez».
«Entonces se establecen algunos requisitos en el artículo, uno de ellos es que esta solicitud se formule en la audiencia inicial o en cualquier otro momento antes de la apertura a juicio y este es el caso», agregó.
De tal manera, señaló que este viernes se presentó la petición, por medio de la cual el imputado admite su participación en el hecho que le atribuye.
Finalmente, Duarte aclaró que el juez se estará pronunciando respecto a la solicitud después del 15 de noviembre.
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Acusación de Vallecillo
El sábado 17 de julio, el fiscal general Johel Zelaya informó a través de la red social X que ordenó la captura del juez Vallecillo Banegas debido a que estaba extorsionando a personas acusadas de corrupción en su nombre y de otros fiscales de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO).
En ese sentido, agentes de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) capturaron al togado en la capital. Luego de capturarlo se le presentó el respectivo requerimiento fiscal a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ).
Investigaciones indican que Vallecillo Banegas le ofreció a un testigo la posibilidad de que lo excluyeran de un caso. Justo en ese momento usaron la figura del fiscal general Zelaya para presionarlo aún más con el fin de que el afectado les entregara al menos 3 millones de lempiras.
En el caso además está implicado el abogado Nelson Omar Sierra, también acusado por extorsión.