Por cuarta vez la firma del acuerdo entre el gobierno de Honduras y la OEA para la instalación de la controversial Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) queda en suspenso, sin duda por la falta de entendimiento sobre la independencia de acción y capacidad coercitiva de su componente internacional.
En esta ocasión la fecha de suscripción de dicho acuerdo, fijada para el 16 de este mes, quedó pospuesta para cuando entre en funciones la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) que habría de ser electa el próximo 24 de enero. Así se ha informado en un comunicado de la agonizante CSJ, a manera de pretexto mas no de justificación.
Por el correo de las brujas ha estado teniéndose noticia de un intenso forcejeo entre el Ejecutivo y la Secretaría General de la OEA en torno las facultades de los funcionarios de la OEA para investigar y proceder directamente, con en los correspondientes enjuiciamientos, a fin de darle eficiencia y efectividad al combate contra la impunidad en nuestro país.
El gobierno de Honduras, fiel a su propósito de darle atole con el dedo a la sociedad, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional con su escaparate MACCIH original, y así contraponerlo a la demanda nacional de la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), bajo el auspicio y control de la ONU, similar a la CICIG de Guatemala, insiste en que simplemente “la MACCIH es un organismo de acompañamiento”.
En la misma tónica, el fiscal general Oscar Chinchilla sostiene que, independientemente de la MACCIH, el Ministerio Público (MP) seguirá desempeñando su papel como defensor, representante y protector de la sociedad, tal como lo establece la Constitución de la República y las leyes. Una patética subordinación al orden constitucional, del que el régimen dictatorial hace permanente escarnio.
Como sentenciara Abraham Lincoln, una persona puede engañar algún tiempo a todas las personas, todo el tiempo a algunas personas, pero nunca todo el tiempo a todas las personas. Y eso le ocurre al gobierno actual, a su liderazgo, cuya tramoya demagógica y absolutista ya no surte sus efectos teatrales de simulación y maña.
En este sentido, la casi totalidad de la opinión pública hondureña ha desconfiado, con harta razón, de la MACCIH y su evidente intencionalidad, por lo cual ha insistido –y sigue insistiendo—en la demanda de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), a cargo de la OEA, que, entre otros objetivos de salvación soberana, enarbola el Movimiento Nacional de Indignación sin desmayo y con la indispensable verticalidad ciudadana.
