Tegucigalpa, Honduras. A través de un comunicado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) expresó su preocupación ante el proyecto de reforma al artículo 115 de la Ley General de Administración Pública.
Cabe recordar que luego del primer debate desarrollado en el Congreso Nacional (CN), este proyecto de ley se suspendió la discusión. Esto, con el fin de «socializar» la iniciativa con diversos actores.
Según la MACCIH, la reforma al artículo 115 pretende despojar de atribuciones al Ministerio Público (MP) y transferirlas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
«La competencia del Ministerio Público para ejercer sus funciones está determinada
por la Constitución y por lo tanto sus actuaciones no pueden depender de la decisión
previa emitida por otro órgano del Estado», establece el comunicado.
Asimismo, aseguran que la misma vulnera la Constitución. Lo anterior, al restar atribuciones al MP para ejercer su labor de investigación; pretendiendo que sus
actuaciones dependan del pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Cuentas.
El comunicado añade que dicho proceso retrasaría las investigaciones. «Lo cual abre la puerta a la impunidad», asegura la Misión.
«Sin duda es una medida que debilita todos los esfuerzos del país en la lucha contra la
impunidad» concluye el comunicado.
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Opinión compartida por ASJ
La iniciativa legislativa de reformar por adición el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública es una clara transgresión a la constitución de Honduras que podría constituirse en maniobra para garantizar impunidad a quienes han cometido delitos en el país, según consideró la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
A través de un comunicado, la ASJ aseguró que dicha reforma tiene la clara intención de limitar las competencias y facultades del Ministerio Público (MP). Lo que para ellos es una afrenta en contra del Estado de Derecho.
En ese sentido, dicha organización de sociedad civil explicó que ese proyecto de reforma a la Ley General de la Administración Pública intenta atribuirle al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la facultad de determinar la existencia o no de responsabilidad penal por las acciones y omisiones cometidas por miembros de los órganos colegiados. Donde se incluyen las juntas directivas, comisiones, directorios y tribunales administrativos. Esto, según la ASJ, usurpando la función constitucionalmente atribuida al MP, de ejercer la acción penal pública en representación de los intereses generales de la sociedad.
