TEGUCIGALPA, HONDURAS. Autoridades de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), informaron que hoy han presentado ante la Corte Suprema de Justicia, un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Villeda Aguilar del Partido Nacional y José Tomas Zambrano Molina del mismo ente político.

Según informe, este requerimiento en contra de los parlamentarios es consecuencia de los presuntos delitos de falsificación de documentos. Así como abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.

En ese sentido, la MACCIH-OEA propuso al Ministerio Público que este caso fuera remitido a UFECIC. Esto, para que fuera investigado por los equipos integrados de investigación y persecución penal.

Según reporte, en las investigaciones que realizaron estos entes, hallaron indicios suficientes que tratarían de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto. En donde los ahora requeridos habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso.  Lo anterior, con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados en ese momento. Esto, por el mal manejo de fondos públicos. Así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.

Pacto de Impunidad

Cabe mencionar que el documento revelado por la MACCIH señala que en el caso denominado «Pacto de Impunidad» que se originó el 11 de diciembre del año 2017, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de OEA-MACCIH, presentó un requerimiento fiscal en el caso «Red de Diputados».

En ese momento, el requerimiento fue dirigido contra los diputados al Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio. Héctor Enrique Padilla Hernández. Además, para los funcionarios Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández. Asimismo, para Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus por el delito de Malversación de Caudales Públicos.

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Sépalo

La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional, cuando el 18 de enero del 2018 el CN modificó por adición la Ley de Presupuesto, la cual fue aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados. Además, se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos. Lo anterior, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.

Al amparo de esa reforma, mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018, el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada «Red de Diputados». Esto, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento. Debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.

Ante ese hecho, según detalla el texto, se produjeron diversas denuncias públicas. Por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas el día 25 de enero, publicada el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta.

Con esa medida pretendían explicar que lo ocurrido sería producto de «un simple error» y no de un presunto acto premeditado. Para ese momento ya había provocado consecuencias jurídicas. Sin embargo, dicha «fe de erratas» sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso. Por estos motivos el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal. Esto, por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno.

Tuit de MACCIH