El próximo martes 19 del presente mes se firmará el convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la instalación de la Misión de Apoyo y Combate a la Corrupción en Honduras (MACCIH), en base al proyecto gubernamental diseñado para sortear la demanda nacional de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) bajo control de Naciones Unidas.
Con la suscripción, en Washington, de este convenio se cierra un capítulo de forcejeo y confrontación entre la opinión pública y el Ejecutivo, por un lado, y entre el gobierno y la OEA, por el otro, en torno a la idoneidad necesaria para lograr un efectivo combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país, que es el problema crucial relacionado con la administración pública y la impartición de justicia.
Aunque todavía no se conoce el convenio en su totalidad, se asume que su contenido es en algunos aspectos diferente al proyecto inicial que, ciertamente, fue elaborado con el propósito de mantener intacto el statu quo, vale decir andando por las ramas. El convenio actual, aparentemente, va más allá, en el sentido de darle atribuciones al componente internacional de, por lo menos, marcar el rumbo y establecer prioridades de investigación, lo mismo que de supervisión.
Con la presencia de la MACCIH, supuestamente a partir de marzo/16, se abrirá otro capítulo, probablemente más difícil que el anterior, en cuanto al cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos, algo que tiene mucho que ver, por cierto, con el papel correspondiente al Ministerio Público, sin duda bajo la férula del Ejecutivo, de acuerdo con el régimen de control único.
Es, quizá, la prueba del ácido –como dicen los orfebres—tanto para el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández como para el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y, por qué no decirlo, para el prestigio de la disminuida OEA, necesitada de reivindicación.
La cuestión es probablemente más seria de lo que parece a simple vista, pues implica una amplia gama de expectativas por resolver, entre ellas el financiamiento mismo de la MACCIH, pero también de la asignación de Estados Unidos para el Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), que no es como el juego de quebrar la piñata.
El tema subyacente del encartamiento judicial en los casos más conocidos de extrema corrupción, que abarca directamente la más alta esfera del poder político público y privado, es uno de los aspectos en que la justicia internacional adherente, por así decirlo, queda virtualmente al margen. Esa situación puede ser generatriz de fracaso, y está muy a tono con las posibilidades del sistema catracho.
Sabemos, sin embargo, que, a la hora de los caldos, tal como está la mesa puesta en Honduras, podría imponerse la ley del más fuerte, toda vez que esa voluntad poderosa estuviera en el interés real de promover un cambio para romper el molde, muy por encima de los equilibrios acostumbrados para sostener, sin mayor esfuerzo ni discusión, la hegemonía habitual.
