TEGUCIGALPA, HONDURAS. Fuertes revelaciones realizó en las últimas horas el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.
Esto, al decir que unos mil 300 millones de lempiras fueron drenados por diputados de las últimas tres administraciones. O sea, (2006-2010), (2010-2014) y (2014-2018).
Según la MACCIH, estos drenajes de fondos se habrían hecho a través de supuestos proyectos sociales. De igual manera, el vocero de la Misión enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo una seria confesión en un programa televisivo la mañana de ayer jueves.
En ese sentido, el peruano delegado por la OEA confesó que mediante trabajo de inteligencia pudieron ubicar varias oficinas privadas, en las cuales se elaboraban facturas.
Así como documentación soporte para justificar cuantiosos gastos que habrían hecho los parlamentarios que están siendo investigados por presunta corrupción.
En su intervención en el programa Frente a Frente, Jiménez Mayor indicó que en los operativos se llevaron a cabo por funcionarios del Ministerio Público (MP) y Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC).
“Decomisamos una serie de documentos relacionados a este caso. Es decir, todas las supuestas rendiciones de cuentas de estos diputados habrían invertido en programas sociales y que nunca se ejecutaron”, manifestó.
Seguidamente, explicó que “el dinero venía del Estado a través de la Secretaría de Finanzas. Se aprobaba un proyecto por el Ejecutivo para una oenegé y descubrimos una red de colaboradores. Mismos que ayudaban a los diputados para poder venderles los proyectos; pero no eran planes, sino ofrecimiento de dinero para poder hacer la ‘gestión’ correspondiente”.
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La ruta establecida del dinero
De igual manera, el ex funcionario peruano aseveró que pudieron identificar una “ruta establecida del dinero”. Ante ello, de acuerdo a Jiménez Mayor, los involucrados aseguraron los documentos a fin de demostrar cómo se construían evidencias sólidas para determinar que los fondos eran correctamente utilizados.
“Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) no pueden usar políticamente los recursos estatales. Los diputados “tampoco pueden hacerlo ¿Qué hacen? El dinero proviene de Finanzas, pasa a la oenegé –previo al proyecto– y esta debería usar los fondos y ejecutar los proyectos. Pero, desvían los recursos pagando a los diputados, en muchos casos, a través de cheques a su nombre”, detalló el portavoz de la MACCIH.
Allanamientos a las oficinas
En relación a los allanamientos a las oficinas privadas, Juan Jiménez Mayor apuntó que esa operación se realizó hace varios días. “Allanamos unas oficinas privadas, inclusive en uno de esos locales encontramos gente que redactaban comprobantes de pago.
Además, hacían expedientes de sustentación de gastos para presentarlos a la Secretaría de Finanzas”.
Añadió que las personas que fueron sorprendidas durante el operativo cometieron los delitos de falsificación. Esto, al encontrar que la documentación decomisada era para demostrar que los montos recibidos fueron ejecutados.
“La revelación del operativo es porque los dejaron fuera de la investigación. Esto, luego de que se aprobara en la última sesión del Congreso anterior las reformas a la Ley de presupuesto y con la resolución que tomó la jueza -Alma Guzmán- les frustró el intento por esclarecer el delito”, acotó Jiménez Mayor.
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Preocupación de la MACCIH
Posteriormente, el titular de la MACCIH aseguró que su preocupación radica en que la información que tienen en sus manos deberá ser entregada en breve al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“Probablemente en los próximos días llegue una nota al MP. Esto, con el objetivo que entregue toda la documentación que tiene en su poder con relación a la investigación”, sostuvo.
Al mismo tiempo, declaró que “estamos muy preocupados porque la fiscalía tiene un programa de testigos protegidos; pero el TSC no. ¿Qué puede garantizar el TSC respecto a la vida de las personas que en este momento que están colaborando con la investigación?”.
Jiménez Mayor, aseveró que la documentación falsa que serviría para justificar los gastos en que habrían incurrido los parlamentarios; se decomisó en oficinas particulares. Esto, el pasado mes de noviembre del 2017, mediante un primer operativo para secuestrar información de los proyectos que realizaron las oenegés.
“Varias firmas privadas estuvieron trabajando en la creación de informes a favor de los diputados. Ello, a fin de poder justificar cómo se invirtieron los recursos públicos, hasta que salió esta ley”, concluyó.
