Redacción. A seis meses de las elecciones generales, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha generado polémica al reactivar la licitación de 1,500 megavatios, una medida que expertos consideran riesgosa por la coyuntura política y la magnitud sin precedentes del proceso.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) aprobó ayer los pliegos de bases y condiciones para la esperada licitación pública internacional de compra de potencia y energía eléctrica, que busca adjudicar 1,500 megavatios (MW), convirtiéndose en la más grande en la historia reciente del país.
La convocatoria priorizará fuentes renovables en un 65% y también dará espacio al almacenamiento de energía, mientras que el 35% restante podrá ser cubierto por fuentes térmicas no renovables.
El lanzamiento formal de la licitación será inminente y se espera que en los próximos días comience el proceso oficial bajo la coordinación de una Junta de Licitación integrada por personal de la ENEE, la CREE, el Centro Nacional de Despacho (CND), la Secretaría de Energía y una empresa consultora internacional. La novedad del proceso es una subasta inversa por rondas sucesivas que permitirá obtener precios competitivos y eficientes.
Los términos de referencia (TDR) se han actualizado para reflejar el crecimiento de la demanda y los principios de seguridad nacional. Además, se incorpora un “Factor de Competencia” y un “Índice de Competencia” para garantizar transparencia y eficiencia en la adjudicación.
Acercamientos con China
Esta licitación se aprueba poco después de que el ministro de la ENEE sostuviera reuniones con representantes de China. El evento se desarrolló hace unas semanas en las oficinas principales de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación de la Interconexión Energética Global (GEIDCO, por sus siglas en inglés). Esto ha generado preocupaciones sobre una eventual adjudicación a empresas chinas, según han denunciado algunos sectores.
Previo a la aprobación, la CREE había hecho observaciones puntuales a la ENEE, especialmente sobre la necesidad de aclarar temas críticos como la línea de transmisión, el manejo de impuestos y, fundamentalmente, las garantías de pago a los inversionistas. Estas observaciones son claves porque definen el atractivo de la licitación para la inversión privada.
Respaldo
Según Miguel Aguilar, presidente del sindicato de la ENEE, la licitación es una necesidad urgente para cubrir el déficit energético que enfrenta Honduras, debido a la falta de potencia firme y la dependencia de contratos de emergencia con altos costos, especialmente derivados del uso de diésel.
Según el dirigente sindical, la aprobación es fundamental no sólo para atraer inversión, sino también para limitar la continua creación de mecanismos de emergencia que han afectado severamente la economía nacional.
“El reto ahora es lograr que, pese al ambiente de crispación política, se logren atraer oferentes con precios competitivos y modelos accesibles en las bases de licitación. Si cualquier país desea invertir en Honduras con un modelo de generación firme, ya no improvisado, eso permitirá que el precio del kilovatio hora sea más barato y previsible para la población”, sostuvo.
Crítica
Por su lado, el experto en temas energéticos Kevin Rodríguez recomendó a la ENEE que espere al cambio de gobierno para avanzar con la licitación.
Rodríguez recordó que esta licitación originalmente se pretendía lanzar en 2021, durante los últimos seis meses del segundo mandato del expresidente Juan Orlando Hernández. En ese momento la convocatoria era por 450 MW. En aquel entonces, varios expertos, incluido él, sugirieron que el proceso esperara a concluir las elecciones generales para evitar riesgos y garantizar estabilidad, pero la recomendación no se escuchó.
“El proceso ya tenía luz verde para arrancar, lo único que el gobierno anterior tenía que hacer era culminarla a inicios de 2022”, explicó Rodríguez. Sin embargo, la actual administración de la ENEE decidió anular la adjudicación en junio de 2022, lo que, según él, generó un retraso significativo.
El experto analizó que, de haberse adjudicado la licitación en ese momento, la población hoy estaría pagando tarifas más bajas, con menos apagones, mayor generación de energía renovable y menor uso de diésel en la matriz energética.
Criticó que durante tres años la ENEE haya dedicado tiempo a retrasar la documentación y el proceso de esta licitación. Sin embargo, ahora se apresuran a adjudicar un volumen récord de 1,500 MW a solo seis meses de las elecciones generales.
Apresurada licitación
Rodríguez enfatizó que en Honduras nunca se ha lanzado una licitación para más de 200 MW. Dijo que la experiencia muestra que este tipo de procesos requieren preparación y tiempo, como el caso de Guatemala, que lleva cinco años esperando para lanzar una licitación de 1,000 MW debido a su complejidad técnica y para evitar impactos negativos en precios.
“¿Cómo Honduras va a lanzar una licitación de 1,500 megavatios si ni siquiera ha tenido más de dos oferentes para 200 megas?” se preguntó.
Defensa del Gobierno
Ante las críticas por el momento en que se lanza la licitación, el ministro de Energía, Erick Tejada, salió al paso con aclaraciones.
“Son dos cosas: primero, el tema de los chinos. Nosotros lo que queremos es atraer inversionistas de todos los países”, expresó. Explicó que en el marco de una visita a China, se inició un proceso de socialización de la licitación allí, pero no será exclusivo. “También se harán exposiciones en Estados Unidos, Norteamérica y Sudamérica”, aseguró.
Sobre las inquietudes relacionadas con un supuesto endeudamiento para el país, Tejada detalló que la compra de energía es una necesidad constante. Hizo énfasis en el crecimiento vegetativo de la demanda, por lo que – consideró – debe planificarse. “Aquí el país tiene que comprar siempre la energía”, explicó.
A juicio del funcionario, lo que se hacía anteriormente era adquirir energía de forma improvisada, muchas veces mediante compras de emergencia. “Nosotros estamos ordenando el sector, estamos cubriendo el déficit acumulado de estos años, y esta licitación está pensada para cubrir las necesidades energéticas de los próximos ocho años, a partir del 2027”, detalló.
Tejada precisó que el proceso de licitación durará seis meses, pero que sus efectos se verán reflejados a partir de 2027. De esta manera, la administración defiende que no se trata de una medida improvisada, sino de una planificación energética a mediano plazo.
Decisión clave
Mientras el Gobierno defiende el proceso como una medida estratégica para garantizar el suministro energético a futuro, voces críticas advierten sobre los riesgos de precipitar una adjudicación en medio de un cambio de ciclo político. La decisión final marcará el rumbo del sector energético por al menos una década.
