Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en la sesión de este miércoles reafirmó que con fondos públicos se le repondrá el dinero a los aportantes que lo perdieron en la empresa Koriun Inversiones.
“El curso del proceso que están realizando las autoridades nos debe ir informando acerca de las diferentes situaciones que se están presentando. Es importante mencionar que la presidenta (Xiomara Castro) ha instruido que las personas que hayan sido afectadas con pérdida de dinero puedan recuperar su inversión con fondos públicos”, manifestó.
En ese sentido, afirmó que el caso los llama a realizar y considerar una legislación que restituya los artículos eliminados del Código Penal, para evitar la creación de empresas piramidales como Koriun.
“Ese es un tema que hay que tener en consideración, porque ¿para qué se eliminó? Y pocos meses después de que se eliminó, empezó a operar este tipo de empresas que no siguen los trámites normales de cualquier empresa”, dijo.
Redondo finalizó afirmando: “Tenemos en nuestro radar lo que está sucediendo, no estamos siendo indiferentes. Aplaudimos la decisión de la presidenta de la República de tomar la determinación de que las personas afectadas, cuyos fondos no se puedan identificar, puedan recibir apoyo del gobierno mediante fondos públicos”.
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Abriendo una puerta
Luis Romero, abogado constitucionalista, criticó la acción de las autoridades gubernamentales de asumir la responsabilidad por el dinero que las personas invirtieron en Koriun.
“Respecto a lo que ha pasado con Koriun, es insólito que se hayan encontrado más de 368 millones en efectivo, y que encima de eso se le hayan puesto a disposición (de Iván Velásquez) más de 70 millones para que manejara la devolución. Esto le correspondía a la CNBS”, dijo.
El togado afirmó que para la devolución del dinero debió nombrarse, desde un juzgado civil, una junta liquidadora, y no hacerlo a través de los mismos empleados.
“Hay que tener cuidado con la puerta que quiere abrir el Estado respecto a devolverle el dinero a estas personas; nadie puede alegar ignorancia de la ley”, expresó.
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Agregó que «estas personas tienen que ser conscientes de sus actos. Asumieron un riesgo alto y no les salió como esperaban. El pueblo hondureño, de forma general, no tiene por qué hacerse responsable de esto. Ni siquiera se sabe cuánto dinero es ni cuántas personas están involucradas”.
Romero concluyó señalando que el pago con fondos públicos únicamente significará una carga financiera elevada.
