Es inminente la entrega de la lista de los 45 abogados nominados para la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que realizará la asamblea legislativa el 25 de enero próximo.
El proceso de selección de los finalistas, realizado por una Junta Nominadora creada al efecto, ha estado nimbado de controversia debido a irregularidades que se dieron desde el momento de su inicio, lo cual ha potenciado las ya habituales suspicacias en torno a la decisión final, correspondiente al Legislativo.
Se trata, naturalmente, de una cuestión fundamental, o sea la integración de un poder en el Estado, que, dada la situación de profunda corrupción e impunidad prevaleciente en el país, le asigna a esta elección una carga de responsabilidad política realmente histórica, que va mucho más allá de lo actuado en el pasado en torno a la conformación del Poder Judicial.
A eso obedece la posición reticente de los partidos políticos de oposición, en este caso Libertad y Refundación (LIBRE), Anticorrupción (PAC), Innovación y Unidad (PINU) y Unificación Democrática (UD) a la validación del resultado final con sus votos en el pleno legislativo, y no, como el oficialismo burdamente pretende hacer creer, que esta actitud procede de maniobras conspirativas para desestabilizar el orden público.
La actuación de la CSJ, sobre todo a partir del golpe de Estado 28-J de 2009, pero con mayor intensidad en el actual régimen dictatorial, ha sido francamente condenable por su irremisible posición de irrespeto a la constitucionalidad, sobre todo en lo que concierne a la Sala de lo Constitucional y a la sumisión a los dictados del Ejecutivo, especialmente en lo que importa al principio de la no-reelección y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
En la mente oficialista –bajo el control del ciudadano presidente Juan Orlando Hernández–, constituida por las bancadas de los partidos tradicionales y los partidos pigmeos adláteres, subyace el propósito de conseguir una CSJ que, en lo político-electoral propiamente dicho, mantenga inalterado el proyecto continuista, a través de la reelección y la aplicación de las reglas electorales establecidas para la imposición del sistema de partido único, última versión del bipartidismo oportunista.
Bajo tales circunstancias, los 45 nominados, en su casi totalidad de simpatía o militancia azul y unos dos o tres de corbata roja, se verán inmersos en una debacle sin precedente en el Legislativo, donde, para colmo, funciona la máxima del juego de póker: pagar por ver.
