Redacción. La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción absolvió este jueves a Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro.
El comisionado estaba acusado de los delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y asociación para delinquir.
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Poder Judicial, el Tribunal consideró que la carga probatoria presentada por los fiscales del Ministerio Público fue insuficiente.
En ese sentido, el ente de justicia dejó sin valor ni efecto las medidas cautelares impuestas en el proceso. Además, declaró la nulidad de la caución hipotecaria que se había presentado.
Una vez conocido el fallo, Mejía expresó que el proceso penal le causó grave perjuicio, por lo que podría tomar acciones para una posible indemnización.
“En su momento analizaremos junto a mi equipo de defensa la posibilidad de ver si hay alguna razón o algún motivo que nos pueda servir como argumento de defensa para poder recibir lo que nos corresponde”, expresó.
Agregó, que el Ministerio Público cumple con su función, pero “si no encontró suficientes elementos, es sencillamente porque no los había”.
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Lamentó que su servicio de 30 años en la institución policial quedó manchado de manera injusta. “Afectaron a mi esposa, a mi exesposa, a toda mi familia. Es algo que no se puede reparar con una resolución”.
El caso
La acusación presentada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) señalaba la existencia de una estructura delictiva dentro de la Policía Nacional en el departamento de Choluteca, activa entre los años 2012 y 2015.
El caso judicial contra Mejía tiene su origen en una investigación que comenzó en octubre de 2018. Según las investigaciones, mientras Lorgio Oquelí Mejía se desempeñaba como jefe departamental, al menos seis policías en funciones y tres ya depurados habrían formado parte de una red que operaba al margen de la ley.
El Ministerio Público argumentaba que en ese tiempo se detectaron inconsistencias patrimoniales superiores a los 17 millones de lempiras en los bienes de Mejía y su núcleo familiar, las cuales no correspondían con los ingresos que percibían.
La causa penal también alcanzó a su exesposa, Denisse Yamileth Morales, quien en 2021 fue declarada culpable por el delito de lavado de activos. Como parte de la sentencia, se ordenó el decomiso de siete cuentas bancarias a su nombre.
La red cobraba sobornos a transportistas para permitir el paso de ganado sin ningún tipo de control o restricción.
De acuerdo con el requerimiento, esta práctica no solo violaba la normativa vigente, sino que evidenciaba una estructura organizada con fines ilícitos, donde los implicados actuaban de manera coordinada para lucrarse a cambio de facilitar el tránsito irregular de mercancía. Por estos hechos, se imputaron los delitos de asociación ilícita y cohecho.
