Redacción. Después de un prolongado silencio y sin presentarse ante medios ni autoridades, la diputada Isis Carolina Cuellar rompió el perfil bajo que mantenía desde que su nombre apareció en el escándalo de corrupción conocido como el “Sedesolazo”.
Su regreso no fue a través de un comunicado, una comparecencia o una sesión en el Congreso Nacional, sino mediante una publicación en su cuenta personal de Facebook.
La publicación, que consistía en un par de fotografías sobre la inauguración de un proyecto escolar del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en El Porvenir, Atlántida, estaba acompañada únicamente por un corazón rojo.
Su aparición generó reacción inmediata, ya que Cuellar está señalada por presuntamente facilitar la entrega de fondos públicos a personas cercanas mediante cheques del Congreso Nacional, sin que existiera una justificación clara ni procesos transparentes.
Desde que estalló el escándalo, la congresista optó por el silencio. No se le ha visto en el Congreso, no ha emitido declaraciones y tampoco ha comparecido ante el Ministerio Público.

Pese a su inactividad pública, la diputada sigue recibiendo su salario como legisladora. Así lo confirmó el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, quien indicó que su nombre aún figura en la planilla oficial y que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud de separación del cargo.
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Críticas
Pero si en los pasillos del Congreso impera el silencio, en redes sociales ocurrió lo contrario. La publicación de Cuéllar fue inundada por cientos de comentarios, la mayoría críticos, que evidencian el malestar ciudadano.
Con frases cargadas de sarcasmo, los usuarios le exigieron explicaciones y renuncia. “Apareció. Ojalá así aparezcan los cheques que regalaron”; “Diputada, necesito un cheque de 100 mil. ¿Cómo aplico?”; “Con un corazón no se borra la corrupción”; “Otros chequecitos y no la miramos hasta el mero día de las votaciones”; “¿Y los 140 mil para el parlante?”; “Renuncie, y llévese el emoji”, comentaron.

Mientras tanto, el Ministerio Público aún no ha emitido requerimientos fiscales concretos contra los implicados.
Tampoco se ha anunciado alguna auditoría o sanción por parte de entes como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La diputada, por su parte, continúa en funciones, aunque su presencia se limite a las redes sociales, donde las reacciones están lejos de ser favorables.