Redacción. Un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, dictó auto de formal procesamiento con medidas diferentes a la prisión a cinco empleados de la alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara, acusados de delitos relacionados con desvío de fondos públicos para enriquecimiento personal.
Durante una extensa audiencia inicial en los juzgados de San Pedro Sula, Cortés, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) sustentó la acusación en contra de estas personas y mostró la carga probatoria necesaria.
Los imputados son:
- Jesús Alberto Hernández Soliz (jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde)
- Sandra Perdomo Castillo (regidora municipal y pareja sentimental del exalcalde Pedro Aguilar)
- Dania Iveth Villalvir Torres (tesorera municipal)
- Ada Lizeth Pineda Villeda (auditora municipal)
- Elisa Castellanos Pineda (contadora municipal)
A ellos se les supone responsables de la comisión de los delitos de:
- Lavado de activos
- Cómplice de malversación por uso
- Administración desleal del patrimonio público
- Asociación para delinquir
Entre las medidas diferentes a la prisión que se les dictaron están:
- Todos quedan suspendidos de sus cargos
- Arresto domiciliario con vigilancia policial
- No podrán salir del municipio
- No podrán salir del país
- Deberán presentarse periódicamente a firmar a los juzgados de San Marcos, Santa Bárbara
- Tendrán prohibido concurrir a determinados lugares, entre ellos la municipalidad
- Ninguno puede acercarse ni comunicarse con Pedro Armando Aguilar (exalcalde preso)
En el caso de la sexta implicada, Lourdes Borjas Maldonado, se le dictó sobreseimiento definitivo por el delito de malversación por uso y sobreseimiento provisional por asociación para delinquir.
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¿Le aplicaron al exalcalde?
En este caso de corrupción, también está acusado por la Fiscalía Pedro Armando Aguilar, exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, quien permanece recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara desde 2022 por otros delitos.
Aunque la audiencia de los demás implicados se desarrolló desde el pasado viernes y se extendió hasta la noche del lunes, el espacio procesal para el exedil se llevó a cabo de manera individual y de forma virtual, mediante la plataforma Zoom. En las próximas horas se informarán las medidas que le dicte el juez.
Una fuente indicó a Diario Tiempo que, en el caso de Aguilar, pese a las medidas que se le impongan por este nuevo proceso de corrupción, continuará tras las rejas, ya que existe una sentencia firme en su contra por otros delitos.
«Al exalcalde se le acusa de todos los delitos: complicidad por lavado de activos, usurpación de funciones, asociación para delinquir, cómplice por malversación por uso y administración desleal del patrimonio público. Su audiencia está en curso», expresó la fuente.
En ese sentido, Pedro Aguilar enfrentará el resto del proceso penal por este caso de corrupción desde la cárcel y, de ser hallado culpable, podría recibir una nueva condena que se sumaría a la que ya cumple por delitos contra la vida.
¿Él era el cabecilla de la red municipal?
Según las investigaciones, la estructura era liderada desde la prisión por el exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Amado Aguilar Orellana. Asimismo, detallan que ellos habrían desviado millonarios fondos de las arcas públicas para su bien personal y financiar actividades ajenas al propósito del presupuesto municipal.
La fiscalía informó que desde el 2023, el exalcalde Pedro Aguilar, pese a estar inhabilitado legalmente y recluido en Támara, dirigía vía llamada telefónica la organización que opera dentro de la municipalidad.
Asimismo, la integró con funcionarios y allegados de su entera confianza, para así poder manipular documentos y cuentas municipales. De esta forma autorizaba pagos irregulares de dinero, adquiría bienes de lujo y cobraba sobornos a cambio de otorgar contratos de obras sobrevaloradas.
También, las indagaciones revelaron que la red planificó y utilizó cantidades millonarias de dinero del presupuesto municipal con la finalizad de favorecer a Jesús Alberto Hernández, además para beneficio personal.
Asimismo, se adquirieron dos vehículos de lujo, una vivienda y armas de fuego. De igual manera, realizaron una compra ficticia de mochilas para proyectos sociales que nunca se entregaron en la comunidad. La única intención de ellos era desviar fondos, según acusaciones.
