Redacción. Un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente otorgó este martes medidas distintas a la prisión a favor de Gabriel Rubí, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Al exfuncionario se le supone responsable de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en la compra de ventiladores mecánicos durante la pandemia del covid-19.
Rubí se presentó hoy a una audiencia de revisión de medidas. Tras la verificación, la togada que conoce la causa determinó que el exministro continúe su proceso legal en libertad.
Además, se le impusieron las siguientes restricciones:
- No salir del país.
- Presentarse a firmar una vez a la semana.
- Pagar una fianza de alrededor de 7 millones de lempiras.
La jueza determinó la medida amparándose en los artículos 172 y 173 del Código Procesal Penal, que establecen que las medidas de coerción deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales según las circunstancias del caso. Estos principios se cumplen con la medida de presentación periódica.
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Rubí permanecía recluido en el centro penal de Támara, Francisco Morazán, desde octubre de 2024, cuando se presentó de manera voluntaria tras el primer requerimiento fiscal por la compra de ventiladores mecánicos, que tuvieron un costo de unos 60 millones de lempiras.
Es importante mencionar que el exfuncionario recibió un sobreseimiento en el sonado caso de las percoladoras de café sobrevaloradas, también adquirido durante la pandemia. Sin embargo, el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes.
Ventiladores inservibles
Durante la pandemia de covid-19, Copeco Honduras adquirió ventiladores mecánicos por más de 63 millones de lempiras, los cuales resultaron inservibles al no contar con los accesorios necesarios para su funcionamiento.
El Ministerio Público acusó a varios exfuncionarios, entre ellos Gabriel Rubí y Lisandro Rosales, por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, al supuestamente haber manipulado el proceso de compra, realizado pagos sin documentación válida y omitido actas de entrega.
Los ventiladores permanecen almacenados y nunca se utilizaron, lo que generó indignación por la corrupción en medio de una emergencia sanitaria.
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