En estos momentos en que la libertad de expresión en nuestro país se ve seriamente amenazada con propósitos de cierre o clausura —directa o indirecta— de medios de comunicación social que no forman parte de la orquestación mediática para el control sistemático de la información pública, reproducimos, a continuación, la parte principal de nuestro editorial del 30 de octubre de 2014:
Hasta ahora, la tesis prevaleciente sobre el ejercicio y funcionamiento de la libertad de expresión y de emisión del pensamiento es la autorregulación, en tanto mecanismo equilibrador autónomo, de cara a la imposición de regulaciones conducentes al control estatal por razones de seguridad.
También, en ese contexto, se plantea que el comunicador social o periodista no debe limitarse a ser un simple narrador de los acontecimientos sino que debe actuar como investigador para estar en condiciones de ofrecer su recomendación, si no es que la solución sobre el asunto determinado.
El principio de la autorregulación en la comunicación social ha sido adoptado desde hace mucho tiempo, casi como panacea para garantizar, por la vía de la autocensura, el uso de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, especialmente los privados. Esto hace juego con el principio de la libre empresa.
Sin embargo, la libertad de expresión y de pensamiento, con su categoría de primer derecho humano inalienable, trasciende el marco de las construcciones mediáticas y, por lo mismo, se corresponde como un derecho universal que, en la práctica, necesita ser ejercido más allá de los controles del sistema político, de los intereses corporativos y del dictado empresarial.
La evolución de la comunicación social, con la aparición de la comunicación global en red y de los MCS alternativos, ha creado nuevos conceptos sobre el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, que ponen en tela de juicio o desconocen la autorregulación, por ser ésta proclive a la mediatización —nugatoria de la verdadera mediación—, al masaje informativo y a los excesos de la mercantilización noticiosa.
Ese curso evolutivo actual de la comunicación social y de los medios ha desvelado dramáticamente los excesos de la autorregulación, principalmente en lo relacionado con la corrupción y en torno al abuso político de someter la comunicación a la ideologización informativa. Honduras es un ejemplo de tal degeneración, en que el sistema mediático es principal contribuyente del desbarajuste institucional.
Las revelaciones en torno a la manipulación informativa, al control de la comunicación en escala global, a la violación de la privacidad personal y la intervención abusiva en las telecomunicaciones y en el ciberespacio comunicacional es hoy día una cuestión de escándalo y de profunda preocupación porque afecta el futuro de los países y los pueblos.
