AFP. Los más de 300 ciudadanos surcoreanos arrestados en una redada migratoria en Estados Unidos serán liberados y devueltos a su país, anunció este domingo el gobierno de Corea del Sur.
El allanamiento tuvo lugar el jueves pasado en una fábrica de baterías para autos eléctricos de Hyundai y LG, actualmente en construcción en Ellabell, estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos.
Según las autoridades estadounidenses, se trató de la mayor redada realizada en un solo lugar dentro de la campaña antiinmigratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

El operativo sorprendió a los funcionarios de Seúl, pero el jefe de gabinete del presidente Lee Jae Myung aseguró el domingo que su gobierno ya acordó con Estados Unidos la liberación de los trabajadores.
«Las negociaciones para la liberación de los trabajadores terminaron (…), como resultado de una respuesta rápida y unida», dijo el jefe de gabinete, Kang Hoon-sik.
«Sólo restan los procedimientos administrativos. Una vez finalizados, un vuelo chárter partirá para traer a nuestros ciudadanos a casa», agregó.
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-Estaban ilegales-
Según las autoridades estadounidenses, los 475 detenidos estaban «presentes ilegalmente en Estados Unidos».
La empresa LG Energy Solution indicó el sábado que entre los detenidos hay 47 empleados directos de la compañía (46 surcoreanos y un indonesio) y alrededor de 250 trabajadores de empresas subcontratistas, en su mayoría surcoreanos.
Hyundai declaró el viernes no tener conocimiento de que alguno de los detenidos estuviera «empleado directamente» por la empresa.

Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un fabricante clave de automóviles y de productos electrónicos, con múltiples plantas en Estados Unidos.
En julio, Seúl se comprometió a invertir 350,000 millones de dólares en territorio estadounidense tras las amenazas arancelarias de Trump. El mandatario republicano busca revivir el sector manufacturero en Estados Unidos.
Trump lleva a cabo el programa de expulsión de inmigrantes más grande en la historia del país. Desde entonces, su gobierno ha aplicado con firmeza medidas contra los aproximadamente 11 millones de personas en situación migratoria irregular presentes en Estados Unidos.