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jueves, marzo 28, 2024

TIGO, entre el pago de sobornos a politicos y el tráfico de infuencias en Guatemala

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GUATEMALA. La empresa TIGO sigue en medio de una saga de investigaciones que buscan establecer si pagó sorbornos a politicos del gobierno de Otto Pérez Molina y la también encarcelada exvicepresenta Roxana Baldetti, entre otros.

La siguiente  información se obtuvo del diario digital Nomada, de Guatemala, que realizó una serie de investigaciones sobre el tema desde 2015 hasta 2019.

Como se sabe, las fiscalías de Suecia y Estados Unidos comenzaron en octubre de 2015, una investigación para determinar si TIGO pagó sobornos a políticos en Guatemala.

Millicom, la empresa sueca social de TIGO, a través de un comunicado, anunció que cooperaría con las autoridades suecas y estadounidenses en esas investigaciones. Además, Millicom intentaba con esa posición  distanciarse de Mario López, el accionista guatemalteco de TIGO.

Sin embargo, eso fue sólo la punta del iceberg.

TIGO tiene casi la mitad del mercado de telefonía, su accionista Mario López es un multimillonario de Guatemala; y tiene rivales de peso, como Claro, del magnate mexicano Carlos Slim; y Telefónica, de capital español de la familia Bosch Gutiérrez, la más poderosa del país.

Leyes

La relación entre López y el gobierno de Pérez Molina siempre fue fluida. Establecen los medios que han dado cobertura al caso.

El gobierno de Pérez Molina aprobó dos leyes a través del Partido Patriota, Líder, Todos y Creo. Que beneficiaban a TIGO y perjudican a los intereses nacionales. Todos sospechan que hubo sobornos de promedio.

La primera ley, aprobada el 20 de noviembre de 2012, TIGO se le otorgó prórroga de las frecuencias radioeléctricas por 20 años. Sin pagar un solo centavo al Estado por usarlas. Las telefónicas, radios, televisiones, se beneficiaron de esos bienes públicos gratis, que implicó un ahorro enorme en impuestos para TIGO.

La segunda ley, aprobada el 8 de abril de 2015, quitó a las municipalidades el derecho a impedir o aprobar cobros en la instalación de torres para telefonía.

Lo espcial de esta ley fue que llevaba dedicatoria. Solo se beneficiaba aquel que tuviera 6,000 kilómetros de fibra óptica instalados o cualquier operador con más de 100,000 líneas. Esa cantidad solo la tenía TIGO. Eso le permitió colocar antenas y cableados sin control ni contrapesos municipales.

Por otra parte, en el 2014, el Ministerio de Gobernación le otorgó un contrato por más de Q1 mil millones para colocar cámaras de vigilancia en 6 municipios. Ese contrato equivalía al 85% de lo que TIGO había recibido en licitaciones desde 2006. Además, convirtió a la empresa en la proveedora telefónica número 1 del Estado.

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Sobornos

Una ley con demasiadas ventajas y acuerdos entre rivales. “Todo el mundo dice que ahí se movió mucho dinero en sobornos”, repiten tres fuentes en el mundo empresarial consultados por el portal Nómadas.

La iniciativa la impulsaron los diputados Edgar Cristiani, Manuel Barquín y Valentín Gramajo. Los primeros dos hoy tienen procesos legales por casos de corrupción.

Se promocionó como una medida para responsabilizar penalmente a las telefónicas en caso de no bloquear la señal en las cárceles. Pero sólo 1 de los 17 artículos de la ley estaban relacionados con el bloqueo de señales en las cárceles para evitar las extorsiones. El resto estaban enfocados en eliminar cualquier obstáculo en contra de la instalación de antenas. También, cualquier otra infraestructura de telefonía.

Al respecto Manuel Sisniega, director de asuntos corporativos de la empresa, señaló que hasta el momento no tienen conocimiento de alguna denuncia relacionada con la compra de voluntades. Además, asegura que “todos estos señalamientos están basados en rumores o suposiciones”.

Resultado

Además, el resultado de la ley no fue económico sino represivo. La ley penalizaba la oposición contra de la instalación de infraestructura. Eso incluía a la población que se resistiera a tener una antena cerca de su casa.

Al respecto, los casos más notorios fueron los de Fabiana Menchú y Carolina Cabrera. Dos señoras de avanzada edad de Quetzaltenango que llegaron a ser demandadas por el MP por rehusarse a la instalación de este equipo en su comunidad.

Aunque fueron los casos más destacados. Asimismo, otras nueve personas enfrentaron proceso penales por su oposición a la instalación de infraestructura.

Tres naciones investigaron

Todo empezó cuando Millicom denunció en octubre de 2015 a sus socios guatemaltecos por «posibles pagos indebidos».

Las investigaciones duraron nueve meses. Hasta que a principios de julio de 2016, la empresa sueca afirmó que no encontraron evidencia de que Tigo incurriera en anomalías.

Estados Unidos se vió obligado a investigar a TIGO porque ésta cotiza en la bolsa de valores de Nueva York.

En abril de 2016, una notificación de parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos solicitó información sobre el proceso de aprobación de la “Ley TIGO”, de las antenas y los cableados. Ante indicios de posible lavado de dinero.

En el mismo mes y año, la firma Arleck S.A., por medio del abogado Roberto Correa Cuyer, presentó una denuncia penal en contra de Mario López Estrada y sus socios paraguayos, Juan y Fernando Talavera Gustale.  Por haber comprado la voluntad de seis jueces a cambio de que estos fallaran en favor de sus intereses. Asimismo, los acusan de evadir el pago de una millonaria indemnización que debían a la empresa por daños y perjuicios. Esto cuando rompieron la relación de socios.

Las tres investigaciones tienen una tarea ardua para poder rastrear el flujo de capitales debido al entramado de negocios de Mario López Estrada.

Respuesta a las investigaciones

Tras publicarse el reportaje sobre los tres países que investigan a López Estrada, por el  hubo dos tipos de reacciones inesperadas. La primera fue una horda de perfiles falsos en redes sociales en defensa de Tigo y de su propietario. La segunda fue una carta de aclaración de Manuel Sisniega, director de asuntos corporativos de la empresa, donde niega absolutamente todo.

Claro

Julio Carlos Porras, llegó a Claro en 1999, cuando Telmex (hoy América Móvil) se convirtió en la accionista mayoritaria de la antigua telefónica pública guatemalteca. Ascendió hasta llegar a dirigir las operaciones de la empresa en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Además, se convirtió en el primer empresario en aceptar haber financiado ilegalmente al PP. Confesó que lo hizo porque el gobierno de la Álvaro Colom y la UNE lo había perjudicado en una disputa legal que Claro mantenía con TIGO. Que implicaba un pago por US$400 millones.

Lo sentenciaron luego de un proceso abreviado. Sin embargo, conmutó su pena a cambio de la confesión del pago de una multa de Q500 mil y el compromiso de construir dos salas de videoconferencia para el Organismo Judicial.

Su declaración se limitó a decir que el caso era por unas “tarifas”.

En la conferencia de prensa del caso de financiamiento ilegal al Partido Patriota, el comisionado Iván Velásquez refrendó que lo que había motivado a Porras eran unas “resoluciones” del gobierno de la UNE que favorecían a TIGO.

En 2001 TIGO quiso renegociar con Claro el contrato de interconexión que ambas empresas habían suscrito en 1998. Sobre todo, porque TIGO consideraba que era necesario disminuir la tarifa que ambas empresas se cobraban por el intercambio de llamadas. Pero Claro se negó a renegociar.

Tigo-Baldetti

La FECI y la CICIG encontraro, con base en emails, chats, fotos, testimonios de guardaespaldas, asesores y diputados, que entre el 2012 y el 2015, TIGO y la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, controlaron la bancada del Partido Patriota. Con la promesa de un sobresueldo bimestral de Q50 mil (US$6,500), casi el doble de sus sueldos como diputados.

El dinero, según la investigación, salía de TIGO por órdenes de los gerentes Luis Valladares y Acisclo Valladares, excomisionado presidencial de Competitividad y ministro de Economía desde el final del gobierno Otto Pérez Molina. Además, mantenido y ascendido por los presidentes Alejandro Maldonado Aguirre y Jimmy Morales.

Entregaba el efectivo en maletas azules a los guardaespaldas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), quienes firmaban una hoja de recibido. Luego lo transportaban a la casa de la exvicepresidenta en la zona 10. Allí sus empleadas del hogar enviaban fotografías a Baldetti para que después lo recogieran sus asistentes. Asimismo, lo trasladaran a la Casa Presidencial para ser distribuído en sobres y bolsas a los diputados a cambio de que siguieran sus instrucciones.

La buena racha para TIGO terminó el marzo de 2016. Cuando la Corte de Constitucionalidad declaró que varias partes de la ley violaban la Constitución.

¿Por qué no hay capturas?

TIGO parece contar con suficiente influencia entre jueces oscuros (empoderados por la alianza presidencial y empresarial contra la CICIG) para evitar capturas en contra de sus dirigentes.

En este caso no se giraron órdenes de captura porque la empresa ha bloqueado la investigación de varias formas desde que allanaron sus oficinas en 2017.

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