Ley Berta Cáceres camino a la UE

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Javier Suazo/ALAI AMLATINA, 19/07/2016.-  Más de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que fue asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Berta Cáceres. El gobierno de la República dio captura y puso a la orden de los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen, no así, y esta es la percepción de la población hondureña y de organizaciones defensoras de derechos humanos, a los autores intelectuales.

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El 2 de mayo de 2016, el periodista defensor de derechos humanos y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Félix Molina, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. El periodista había denunciado que detrás del atentado a la lideresa indígena podrían estar involucrados los financiadores y directivos ejecutivos de la Empresa Hidroeléctrica “Agua Zarca”. Y esta es quizá la principal justificación para que defensores de derechos humanos y ambientales pidan la profundización de las investigaciones sobre el crimen, y a los órganos del Estado la captura de los responsables como autores no visibles del mismo.

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familiares de Bertha Cáceres han pedido al gobierno de Honduras permitir una Comisión independiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue el caso, ya que dudan de la buena fe y efectividad de los órganos del Estado coludidos en su mayor parte con la corrupción y el narcotráfico. Igual llamamiento han expresado altos funcionarios de la Unión Europea, la Embajada de EEUU, el Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia y connotados actores de cine y líderes mundiales. Todavía no se ha recibido una respuesta favorable, más bien se denuncia por los familiares la contaminación del caso y la renuencia a permitir un conocimiento detallado de las investigaciones por las organizaciones de derechos humanos.

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El 14 de junio de 2016, frente a esta renuencia del gobierno de la Republica, cuatro (4) congresistas demócratas presentaron a la Cámara de Representantes en EEUU un proyecto de Ley denominado Ley Berta Cáceres “para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia”. Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres y el atentado a Félix Molina, sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguan. La ayuda del gobierno y pueblo de EEUU será reactivada solo si el gobierno hondureño enjuicia exitosamente a los militares y policías involucrados en estos hechos, igualmente a los autores intelectuales.

 

La aprobación de la Ley Berta tendría un impacto directo en el presupuesto de las FFAA y Policía Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación directa de EEUU, y cerca de 60 millones de dólares de la banca multilateral, en especial del BID, donde EEUU actúa como aval. Exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la Republica, proteja los derechos de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.

Es poco probable que esta Ley tenga la acogida deseada y sea aprobada, aun cuando las evidencias e informes de organismos de derechos humanos demuestran un relación directa y determinante entre el fortalecimiento de las FFAA y Policía de Honduras y aumento de las violaciones de derechos humanos y ambientales y negocios ilícitos producto del narcotráfico.

También se demuestra los altos niveles de corrupción e impunidad de los órganos encargados de impartir justicia, los que se han visto favorecidos con los recursos asignados por EEUU y la banca multilateral a la traída reforma de la seguridad publica en Honduras, donde todos los intentos han fracaso con un creciente desperdicio de recursos financieros en un país cuyo pueblo sigue sumido en la pobreza extrema, ignorancia y el caos político.