Redacción. Las recientes declaraciones de analistas políticos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral hondureño han reavivado un debate histórico sobre la influencia militar en la democracia del país.
Los antecedentes de 1956 y 1985 muestran que, en momentos cruciales, la institución castrense ha sido determinante en la estabilidad política, ya sea impidiendo continuismos o interviniendo en conflictos entre actores políticos.
Sin embargo, el panorama actual plantea interrogantes sobre la verdadera imparcialidad de los militares en el contexto electoral.
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Crisis electoral del 9 de marzo
El reciente proceso de elecciones primarias del 9 de marzo estuvo marcado por retrasos en la entrega del material electoral, especialmente en el Distrito Central y San Pedro Sula, generando incertidumbre y desconfianza.
Según la ley, la custodia de este material recae en las Fuerzas Armadas. No obstante, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, ha negado cualquier responsabilidad. No obstante, diversos sectores han señalado que su postura favorece al partido de gobierno, lo que alimenta la percepción de un sesgo institucional.
Lester Ramírez, analista político, advirtió que Honduras se encuentra nuevamente en una disyuntiva sobre el papel de los militares en el orden democrático, comparando la situación actual con los episodios de 1956 y 1985. “No hemos visto fenómenos como los que estamos viendo en este momento”, expresó, subrayando la necesidad de que las Fuerzas Armadas actúen con imparcialidad.
Luego, agregó que la percepción ciudadana de que el alto mando de las Fuerzas Armadas está comprometido no permite a la institución actuar de manera imparcial.
1956 y 1985: cuando los militares marcaron el rumbo
El antecedente más antiguo se remonta a 1956, cuando el presidente Julio Lozano Díaz intentó perpetuarse en el poder. Es decir, anuló el Congreso Nacional y se declaró jefe de Estado.
Fue entonces cuando un grupo de militares intervino para frenar su intento de continuismo. Ellos lo derrocaron y dieron paso a la Junta Militar que gobernó hasta 1957.
Tres décadas después, en 1985, el general Walter López Reyes jugó un papel clave ante la crisis electoral que enfrentaba Honduras, debido a la falta de consenso entre los partidos sobre las reglas del juego.
A pesar de que sectores políticos le ofrecieron el poder total, López Reyes rechazó la oportunidad y reafirmó la importancia de la democracia. Este gesto hoy es recordado como un acto de madurez institucional.
¿Hacia dónde se inclinan las Fuerzas Armadas en 2025?
El conflicto dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), la desconfianza en la administración del material electoral y la percepción de un alto mando castrense comprometido con el oficialismo generan serias preocupaciones sobre la transparencia del proceso electoral.
A diferencia de 1956 y 1985, cuando los militares frenaron intentos de manipulación política, el presente deja dudas sobre si su papel seguirá siendo garante de la democracia o si, por el contrario, se convertirá en un actor que facilite la consolidación de un poder hegemónico.
Omar García, otro analista político, señaló que “es increíble que el jerarca castrense (Walter López Reyes) esté dando cátedra de democracia a quienes se supone que viven de la democracia, como la clase política”.
La Constitución define a las Fuerzas Armadas como una institución constitucionalista. Pero la historia ha demostrado que su actuar no siempre ha estado alineado con ese principio, agregó.
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